El nuevo Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo, formalizó este martes la entrega de un extenso documento ante los máximos organismos de control del país. El archivo, denominado “Libro de la Verdad”, fue puesto en manos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach y el contralor saliente, Carlos Rodríguez, con el objetivo de denunciar presuntas irregularidades detectadas durante el cuatrienio del gobierno de Gustavo Petro.
El informe fue elaborado a partir de los hallazgos recopilados por el equipo de empalme de la actual administración, destacando el hecho de que el proceso formal de empalme entre el gobierno saliente y el entrante no se llevó a cabo. Durante el acto realizado en la sede de la Fiscalía en Bogotá, el vicepresidente Restrepo explicó que el documento constituye una muestra de más de 80 casos identificados tras una exhaustiva revisión de diversas entidades estatales.
Uno de los puntos centrales del “Libro de la Verdad” es el manejo de la deuda pública y las operaciones con títulos de Tesorería (TES). El vicepresidente Restrepo cuestionó que se haya elevado del 50 % al 100 % el límite de adjudicación mediante la emisión de estos títulos, señalando que las tasas de colocación se ubicaron entre el 13 % y el 15 %. Según Restrepo, estas decisiones financieras tendrán repercusiones directas en las finanzas públicas en los próximos años, calificando la situación como un “golpe silencioso al bolsillo de los colombianos”, ya que una mayor parte del presupuesto nacional deberá destinarse al pago de intereses y deuda.
Además de los aspectos financieros, el Gobierno identificó nueve patrones de mal manejo en la política pública y la administración del Estado. Entre estos patrones se destacan problemas críticos en los procesos de contratación, un “colapso de la capacidad tecnológica” y una marcada “opacidad en la información”.
En cuanto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el presidente De la Espriella denunció que se perdió el rastro de 1,38 billones de pesos. Asimismo, aseguró que se giraron 856.000 millones de pesos sin que existiera una declaratoria de urgencia manifiesta. El informe revela además que la ejecución presupuestal de la entidad durante la administración de Petro fue mínima: de los 15,3 billones de pesos asignados, solo se habría ejecutado el 4,3 %.
El documento también pone bajo la lupa la reforma agraria, informando que se desembolsaron 979.003 millones de pesos para la adquisición de 537 predios, pero que solo tres de ellos habían sido titularizados a favor de la Nación. De igual forma, se cuestiona el proceso de la planta desalinizadora de Santa Marta, adelantado por ESSMAR entre el 18 y 19 de junio de 2026 por cerca de 786.000 millones de pesos. Este caso presentó dudas por posibles cambios al proyecto y deficiencias en los estudios previos, lo que llevó a la Procuraduría a solicitar la suspensión provisional del proceso el 29 de julio.
Otras irregularidades mencionadas incluyen un proceso de Colombia Compra Eficiente por 300.000 millones de pesos para servicios de ciberseguridad, el cual figuraba con presupuesto de cero pesos en el Secop II. También se denunció que el Ministerio de Ambiente expidió resoluciones sobre la delimitación de 29.000 hectáreas del páramo de Santurbán apenas un día antes del cambio de mando.
Respecto al Fondo para la Igualdad y la Equidad, el vicepresidente Restrepo señaló que se pagaron cerca de 140.000 millones de pesos a una misma empresa de servicios temporales durante su liquidación, sin soportes suficientes que demostraran el cumplimiento de los objetivos. La Contraloría habría calificado este riesgo como “estado crítico”. En la Cancillería, se denunció la suscripción de 785 contratos por 83.000 millones de pesos antes de la Ley de Garantías y un gasto de 8.500 millones de pesos en sedes temporales con funcionamiento de corto plazo.
En materia laboral, De la Espriella denunció una “nómina paralela” de unas 900.000 órdenes de prestación de servicios, las cuales calificó como “corbatas”, estimando que representaron un pasivo para las finanzas públicas. Finalmente, se expuso que los recursos del programa Colombia Mayor para subsidios a adultos mayores se agotaron en julio de 2026, sin que se dejaran mecanismos de contingencia.
El procurador Gregorio Eljach aseguró que ya existen investigaciones en curso y que se abrirán los procesos necesarios, indicando que hubo acuerdo entre ambos gobiernos para que sea la Procuraduría la entidad encargada de investigar. Por su parte, la fiscal Luz Adriana Camargo afirmó que el contenido del informe será valorado técnica y jurídicamente bajo los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia.
