El Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Ana María Vesga, continúan implementando ajustes significativos en la estructura del sector salud en Colombia. La acción más reciente se ha centrado en Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande e importante del país, la cual se encuentra bajo intervención del Gobierno de Gustavo Petro desde abril de 2024.
A través de la Resolución 8580-6, expedida el 18 de agosto de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud notificó la remoción de Jorge Iván Ospina Gómez de su cargo como agente especial interventor de Nueva EPS. En su lugar, la entidad designó a Roberto José Tercero Solano Navarro, quien hasta hace poco se desempeñaba como gerente de Cajacopi EPS. Este relevo ocurre en un periodo corto, pues Ospina había asumido la administración de la EPS el pasado 10 de abril, cumpliendo apenas cuatro meses en el cargo.
La reestructuración no se limita únicamente a la cabeza administrativa. La Supersalud también decidió remover a Gladys Señora de las Mercedes Asprilla Coronado de su posición como revisora fiscal. Para asegurar el control de la intervención forzosa administrativa, se designó a la firma Baker Tilly Colombia Ltda. como la nueva contralora. Con estas medidas, el Gobierno ha ejecutado un relevo integral que abarca tanto la gestión administrativa como el componente de fiscalización y control de la entidad.
En cuanto al perfil del nuevo interventor, Roberto José Tercero Solano Navarro asumirá la responsabilidad de administrar los bienes, haberes y negocios de Nueva EPS mientras la medida de intervención permanezca vigente. Su trayectoria como gerente general de Cajacopi EPS sugiere que el Gobierno ha buscado trasladar a un directivo con experiencia comprobada en el manejo de una EPS para enfrentar una de las intervenciones más complejas y críticas del sistema de salud colombiano actual.
La resolución que formaliza el nombramiento establece obligaciones estrictas de reporte para el nuevo interventor. Tercero Solano Navarro deberá presentar informes periódicos ante la Superintendencia Nacional de Salud dentro de los primeros 20 días calendario de cada mes. Estos reportes deberán ser exhaustivos e incluir análisis detallados en cuatro dimensiones fundamentales: financiera, jurídica, técnico-científica y administrativa.
Además de los reportes mensuales, el interventor tiene la responsabilidad de entregar un informe final sobre el estado de Nueva EPS antes de que venza la medida de intervención. En este documento, deberá presentar una evaluación técnica sobre la viabilidad de la entidad, determinando si Nueva EPS está en condiciones de continuar desarrollando su objeto social, si existen operaciones posibles que permitan mejorar sus condiciones actuales o si, por el contrario, la entidad debe ser objeto de un proceso de liquidación.
Este cambio de mando ocurre en un momento delicado. La administración de Jorge Iván Ospina había iniciado con la meta de avanzar en el saneamiento financiero y la recuperación operativa de la EPS. Durante su breve gestión, se logró un avance contable relevante: Nueva EPS presentó finalmente sus estados financieros de los años 2023 y 2024 ante la Supersalud. Este paso fue posible tras superar un rezago contable masivo que involucraba millones de facturas acumuladas durante años.
Si bien la entidad presentó la entrega de estos estados financieros como un avance hacia la recuperación y una forma de evitar la liquidación, los datos revelados fueron alarmantes. Los resultados mostraron que Nueva EPS enfrenta pérdidas billonarias, lo que ha generado serias dudas sobre su viabilidad financiera a largo plazo.
A los problemas financieros se sumaron complicaciones judiciales para el interventor saliente. En las últimas semanas, se conocieron decisiones judiciales contra Ospina relacionadas con el incumplimiento de órdenes de tutela. En el mes de julio, un juez confirmó sanciones contra el interventor y un gerente regional por no garantizar la atención integral de un menor de edad. Posteriormente, a comienzos de agosto, otro proceso judicial declaró en desacato a Ospina y a otros directivos debido al incumplimiento de una orden judicial que exigía la entrega de medicamentos para un paciente diagnosticado con glaucoma.
Finalmente, cabe destacar que estos movimientos ocurren bajo la gestión de Mónica Rocío Lombana García, quien asumió recientemente como superintendente Nacional de Salud encargada. La médica, que ha formado parte de la entidad desde el año 2020, cuenta con una trayectoria en las áreas de inspección, vigilancia y control del sistema de salud, elementos clave para supervisar la actual crisis de Nueva EPS.
