La Unión Gremial de Lima - Callao ha oficializado la convocatoria a una paralización total de los servicios de transporte urbano en la capital y en el primer puerto. La medida de fuerza ha sido programada para el próximo martes 25 de agosto, fecha en la que se suspenderán las actividades del sector, a menos que el Gobierno atienda las demandas planteadas por los gremios antes de que llegue dicho plazo.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, las organizaciones gremiales informaron que esta decisión es la respuesta directa a la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo y al preocupante incremento de la violencia que afecta tanto a los conductores como a los pasajeros. Los transportistas han manifestado su malestar ante la indiferencia de las autoridades frente a una crisis que pone en riesgo la integridad física de quienes trabajan en el volante y de la ciudadanía que utiliza el servicio.
En el documento emitido, los gremios detallaron que durante el transcurso del mes de agosto se ha registrado una serie de atentados contra los trabajadores del transporte y los usuarios. Según el reporte, estas personas han sido atacadas mientras cumplían con su jornada laboral o mientras se trasladaban hacia sus centros de estudio y trabajo, lo que evidencia una situación de inseguridad generalizada en las rutas urbanas.
Uno de los puntos más críticos mencionados en el pronunciamiento es el asesinato ocurrido el pasado 6 de agosto en el distrito de Los Olivos. En este hecho, el gerente general de una empresa de transporte fue asesinado por sicarios. Para la Unión Gremial, este crimen no representa un hecho aislado, sino que es parte de una violencia sistemática ejercida por organizaciones criminales que se dedican profesionalmente a la extorsión y al sicariato.
Los gremios subrayaron que esta situación se ha agravado debido a la ausencia de una política pública que sea clara y articulada para combatir el crimen organizado. Sostienen que la extorsión y el cobro de cupos han generado un aumento significativo en los costos operativos de las empresas de transporte. Este incremento económico no solo afecta la rentabilidad del negocio, sino que repercute directamente en la economía de los usuarios, quienes dependen estrictamente del transporte urbano para sus desplazamientos diarios.
Ante este escenario, la Unión Gremial enfatizó que, si bien el problema no se revertirá de manera inmediata, el Estado tiene el deber fundamental de conocer con precisión la magnitud de la crisis y comunicar formalmente el plan de acción que se está ejecutando para frenar la violencia.
En el comunicado se revela que los gremios ya han presentado diversas propuestas técnicas orientadas a solucionar la problemática. Entre estas sugerencias se encuentra el fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas en delitos de extorsión y sicariato. Asimismo, solicitaron un control más riguroso de las comunicaciones desde los penales, desde donde se coordinan muchos de estos delitos, y la implementación de medidas de protección efectiva para los transportistas que deciden denunciar estos crímenes. No obstante, los gremios denunciaron que, hasta la fecha, no han recibido una respuesta formal sobre la evaluación de dichas propuestas.
Asimismo, los representantes del sector informaron que han solicitado audiencia en varias oportunidades a la presidenta de la República, Keiko Fujimori. El objetivo de este encuentro sería conocer personalmente las políticas que el Gobierno adoptará para enfrentar la crisis de seguridad. Sin embargo, los gremios afirmaron que dicha reunión no ha sido concedida hasta el momento.
Por todo lo anterior, la Unión Gremial de Lima - Callao ha acordado la paralización del servicio para el martes 25 de agosto como un "llamado de atención" al Gobierno. El propósito es que el Ejecutivo informe si cuenta con un plan de seguridad, cómo se está implementando y si ha considerado las propuestas presentadas por el sector. Los transportistas aclararon que la medida quedará sin efecto si, antes de la fecha programada, el Ejecutivo concede la audiencia solicitada.
El comunicado finaliza reafirmando la vocación de diálogo de los gremios y su compromiso con la ciudadanía. Aseguran que la medida de fuerza será levantada en el momento en que se instale una mesa de trabajo efectiva que genere resultados verificables. En un mensaje final dirigido a los usuarios, los transportistas pidieron comprensión, señalando que no exigen privilegios, sino condiciones mínimas para trabajar sin riesgo de morir, enfatizando que la seguridad del transporte es, en última instancia, la seguridad de todos.
