Diputados nacionales pertenecientes al bloque del Peronismo Federal presentaron este martes una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), solicitando una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de las principales billeteras digitales y proveedores de servicios financieros en el país. Los legisladores sostienen que diversas compañías del sector fintech podrían estar incurriendo en conductas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia, abusando de su posición dominante en el mercado.
La presentación busca que el organismo de control determine si estas entidades han implementado prácticas que restrinjan la libre competencia, afectando directamente los derechos de los consumidores y usuarios de servicios financieros. Según la denuncia, la investigación podría derivar en la aplicación de sanciones económicas y el cese inmediato de determinadas prácticas comerciales que se consideren irregulares.
El diputado entrerriano Guillermo Michel, quien encabezó la presentación, fundamentó la denuncia advirtiendo sobre la situación crítica de endeudamiento que atraviesan los argentinos. Michel destacó que el escenario actual, marcado por una inflación que erosiona los salarios y el aumento de los gastos fijos como alquileres y servicios básicos, ha dejado a gran parte de la población sin capacidad de consumo real, provocando que para muchos ciudadanos el día 15 de cada mes represente el fin de sus recursos.
En este contexto, el legislador señaló que una cantidad creciente de trabajadores, jubilados y monotributistas recurren al endeudamiento para cubrir necesidades básicas, como la compra de alimentos. Michel fue contundente al cuestionar las tasas de interés aplicadas en algunos créditos, afirmando que en ciertos casos alcanzan el 700% anual, lo que ha llevado a que más de 5,5 millones de personas se conviertan en deudores, impactando severamente en la clase media.
El alcance de la denuncia es amplio. Si bien inicialmente se mencionaron ocho plataformas, los diputados solicitaron que la ANC analice la conducta de un universo compuesto por 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre los cuales se incluyen mutuales y cooperativas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El argumento central de los legisladores es que estas entidades poseen una posición relevante en el mercado de procesamiento de pagos minoristas y billeteras virtuales, lo que les otorga un poder de mercado significativo. Sostienen que la combinación de tres factores críticos —la posesión de información transaccional de los usuarios, la infraestructura de pagos propia y la capacidad de otorgamiento directo de crédito— genera barreras de entrada insalvables para nuevos competidores y limita el crecimiento de otros actores económicos.
Para avanzar en la investigación, los diputados solicitaron que la ANC requiera al BCRA datos específicos sobre el volumen de operaciones y la participación de mercado de las entidades bajo sospecha. Asimismo, pidieron el historial de las Tasas Efectivas Anuales (TEA) y los Costos Financieros Totales (CFT) de los últimos 24 meses. El objetivo es identificar qué entidades aplicaron tasas por encima de la media y la mediana del mercado, evaluando si dichos costos responden al riesgo crediticio real o a un abuso de posición dominante para fijar precios excesivos.
Un punto técnico clave de la denuncia es el pedido de designar un cuerpo pericial compuesto por economistas e informáticos. Los legisladores solicitan que se auditen los algoritmos de asignación de crédito y los mecanismos de scoring automatizados. Sospechan que estas herramientas podrían utilizar datos transaccionales no financieros para discriminar precios o imponer tasas más altas a aquellos usuarios que carecen de cuentas bancarias tradicionales y, por ende, no tienen alternativas de financiamiento.
Además, la presentación pone el foco en la falta de interoperabilidad de los datos. Los legisladores argumentan que, al no compartirse los historiales transaccionales entre entidades, los usuarios quedan "atados" a la plataforma donde ya han construido una reputación crediticia. Por ejemplo, un usuario con buen historial en una billetera no puede trasladar esa calificación a otra plataforma, lo que limita la competencia y mantiene a los clientes cautivos.
Desde el punto de vista legal, la denuncia se apoya en la Ley Nº 27.442 de Defensa de la Competencia, el artículo 36 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, la Ley Nº 24.144 (Carta Orgánica del BCRA) y los artículos 10 y 11 del Código Civil y Comercial de la Nación, referidos al abuso de derecho y de posición dominante.
De comprobarse las irregularidades, la ANC podrá disponer el cese de las conductas anticompetitivas y aplicar multas que podrían alcanzar hasta el 30% de las ventas de la empresa infractora en el mercado afectado. La presentación fue firmada por los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto "Pipi" Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin.
