La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha reconocido el derecho de diputados, alcaldes, ministros y directores de entidades públicas a recibir la prima de antigüedad, un beneficio laboral que ha estado sujeto a diversas disputas legales y reglamentarias durante la última década. El fallo judicial llega en un contexto donde diversas instituciones del Estado arrastran deudas millonarias con miles de exfuncionarios por este mismo concepto.
El origen de este beneficio se remonta a la Ley 39 de 2013 y su posterior desarrollo mediante la Ley 127 del mismo año. En aquel entonces, se estableció que los servidores públicos tendrían derecho a una prestación equivalente a una semana de salario por cada año de servicio laborado. Sin embargo, la implementación de esta medida estuvo marcada por la controversia desde sus inicios.
Uno de los primeros conflictos surgió al cierre de la administración de Ricardo Martinelli. El 26 de junio de 2014, a pocos días de finalizar su mandato, el entonces presidente y la ministra de Trabajo, Alma Cortés, firmaron el Decreto Ejecutivo 52 para reglamentar el pago de estas prestaciones. No obstante, la medida fue percibida por diversos sectores como un intento de proteger a los funcionarios salientes, lo que llevó al gobierno de Juan Carlos Varela a derogar el decreto el 8 de julio de ese año.
Posteriormente, la Ley 23 de 2017 derogó las leyes 39 y 127, pero mantuvo el derecho a la prima de antigüedad para los servidores públicos, incluyendo a los funcionarios permanentes, transitorios, contingentes y aquellos pertenecientes a la Carrera Administrativa. A pesar de este marco, un nuevo giro ocurrió en 2021 con la aprobación de la Ley 241 por parte de la Asamblea Nacional. Esta norma modificó el régimen de la prima e introdujo exclusiones específicas, dejando fuera del beneficio a ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, entre otros cargos.
Estas restricciones fueron llevadas ante la Corte Suprema de Justicia mediante una demanda de inconstitucionalidad. El 21 de julio de 2026, el pleno de la CSJ declaró inconstitucionales nueve de los diez numerales que establecían dichas exclusiones. Según el tribunal, restringir el acceso a la prima basándose en el cargo vulneraba el principio de igualdad y afectaba un derecho vinculado al trabajo. La única restricción que permanece vigente es la aplicada al personal contratado bajo la modalidad de consultoría.
Este fallo tiene un alcance significativo, ya que permite que funcionarios elegidos por voto popular y altos directivos puedan acceder al régimen de la prima, siempre que cumplan con las condiciones legales requeridas. Sin embargo, el reconocimiento del derecho pone de relieve un problema financiero estructural.
La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, ha advertido que existen millones de dólares adeudados a miles de exfuncionarios, describiendo la situación como una negligencia de administraciones pasadas. Prado subrayó que hay deudas que datan desde 2014 y criticó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no cuente con una cifra exacta del monto total adeudado, señalando que el tema quedó a discreción de cada institución sin una planificación presupuestaria adecuada.
Por su parte, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, aclaró que el MEF no es responsable de medir ni administrar estas partidas. Fernández explicó que cada institución pública es la encargada de gestionar sus propios recursos destinados a servicios personales para hacer frente a sus obligaciones laborales.
Las cifras disponibles revelan la magnitud del problema. El Ministerio de Salud (Minsa), según reveló el ministro Fernando Boyd Galindo en septiembre de 2025, adeuda cerca de 40 millones de dólares en primas acumuladas desde 2014. En el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), la deuda con jubilados de los estamentos de seguridad asciende a 71 millones de dólares, luego de que el Estado realizara un desembolso de 19.5 millones para reducir una obligación inicial de 90 millones.
La Caja de Seguro Social (CSS) también ha reportado movimientos millonarios; en 2024 se aprobó un traslado de 24.6 millones de dólares para pagar a 6,000 exfuncionarios, y posteriormente la entidad informó haber destinado cerca de 50 millones de dólares para atender estas obligaciones hasta 2026.
Otras instituciones también han reportado pagos y créditos. La Universidad de Panamá obtuvo un crédito extraordinario de 10.5 millones de dólares en 2023 para exservidores retirados entre 2014 y 2018, y pagó 2.3 millones adicionales a 148 exfuncionarios en 2025. Asimismo, el Ministerio de Comercio e Industrias presupuestó 2.1 millones de dólares para 2026, el Mides desembolsó más de 2 millones a 2,204 exfuncionarios, la Alcaldía de Panamá pagó más de 1.2 millones en 2026 y el IFARHU destinó 364,045 dólares para 511 excolaboradores.
En total, solo en ocho instituciones se han identificado más de 150 millones de dólares relacionados con primas de antigüedad, entre deudas, créditos y pagos realizados. Se estima que la cifra real podría ser considerablemente mayor, considerando que el Estado panameño cuenta con aproximadamente 100 entidades públicas.
