El Ministro de Economía, Gabriel Espinoza, se encuentra actualmente en el centro de una controversia pública debido a graves inconsistencias detectadas en su declaración jurada de bienes y rentas. Los cuestionamientos surgen tras revelarse una disparidad significativa entre el patrimonio declarado por la autoridad al asumir su cargo y la adquisición de un activo de alto valor en un periodo corto de tiempo, hecho que ha encendido las alarmas sobre la transparencia en la gestión de sus finanzas personales.
De acuerdo con los registros presentados ante la Contraloría, al momento de asumir sus funciones, el ministro Espinoza declaró poseer la modesta suma de 392 bolivianos en bienes activos. Esta cifra inicial establecía un perfil patrimonial sumamente reducido para el funcionario que hoy encabeza la cartera económica del país. Sin embargo, la situación ha dado un giro drástico en los últimos nueve meses, periodo en el cual el ministro habría pasado a obtener un vehículo motorizado cuyo valor asciende a los 350.000 bolivianos.
La controversia escaló luego de que la red DTV revelara detalles sobre la adquisición de dicho motorizado. Según la investigación periodística, el vehículo fue registrado inicialmente con un costo de compra de 50.000 bolivianos, una cifra que contrasta drásticamente con el valor real del mercado para dicho modelo, el cual se estima en 50.000 dólares estadounidenses, equivalentes aproximadamente a los 350.000 bolivianos mencionados.
Ante la exposición de estos datos, el ministro Gabriel Espinoza salió al frente para justificar la diferencia en los montos reportados. La autoridad del Ejecutivo sostuvo que la cifra de 50.000 bolivianos fue producto de un error cometido por la persona encargada de realizar los trámites administrativos. “El valor del vehículo son 350.000 bolivianos, si fueron 50.000 habrá que ver, porque lo hice con una tramitadora, y si hay un error, hay que corregirlo”, manifestó el ministro, atribuyendo la inconsistencia a una falla externa en la gestión de los documentos.
No obstante, la problemática no se limita únicamente al valor registrado del vehículo, sino a su ausencia total en los documentos oficiales de transparencia. A pesar de reconocer que el valor real del automotor es de 350.000 bolivianos, este activo no figura en la declaración jurada de bienes y rentas del ministro. En su declaración actual, Espinoza detalla poseer algo más de 9.000 bolivianos en bienes activos, cifra que sigue siendo ínfima en comparación con el valor del vehículo que posee.
Esta omisión deliberada o accidental del patrimonio real ha generado un debate jurídico sobre la responsabilidad del funcionario. Al no haber incluido el vehículo en su declaración jurada, la autoridad ha omitido una parte sustancial de su patrimonio, una acción que, según los análisis legales basados en el contenido fuente, constituye un delito establecido en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta normativa es la encargada de sancionar los delitos contra el Estado y la administración pública, incluyendo la falsedad en declaraciones juradas y el enriquecimiento ilícito.
El caso plantea interrogantes sobre cómo un funcionario que inició su gestión con 392 bolivianos logró adquirir en menos de un año un bien de 350.000 bolivianos, y por qué dicho activo fue mantenido fuera de los registros oficiales de la Contraloría. La brecha económica entre el patrimonio declarado y la realidad material del ministro pone en duda el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que deben regir a cualquier servidor público, especialmente a aquel que lidera la economía nacional.
Hasta el momento, el ministro ha mantenido su postura de que el error en el monto fue responsabilidad de una tramitadora, pero la omisión del bien en su declaración jurada sigue siendo el punto más crítico de la denuncia, dejando la puerta abierta a posibles procesos legales bajo el marco de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
