El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) ha experimentado un crecimiento significativo en su incidencia sobre el precio final de la nafta súper, pasando de representar el 8,9% en noviembre de 2023 al 19,25% en julio. Este incremento se traduce en términos reales en un salto del monto incluido por litro, que ascendió de 116 pesos a 400 pesos. Estos datos emergen en un contexto de creciente controversia debido a la decisión del Gobierno de colocar los fondos recaudados en diversos instrumentos financieros en lugar de destinarlos a la infraestructura.
Según un informe detallado del Instituto Argentina Grande (IAG), el aumento del ICL alcanzó el 1.265% entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Esta cifra contrasta drásticamente con la inflación acumulada en el mismo período, que se situó en el 320%. En términos comparativos, el impuesto se incrementó casi cuatro veces por encima de la evolución de los precios generales de la economía.
La razón técnica de este fenómeno radica en que el ICL se establece como un monto fijo por litro y no como una tasa porcentual aplicada sobre el precio del combustible. Durante la administración anterior, la actualización de este monto quedó rezagada a pesar de que la normativa vigente establecía que debía ajustarse según la inflación. El Gobierno actual, bajo el argumento de recomponer dicho atraso, aplicó actualizaciones que superaron la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que resultó en un impacto directo y considerable para el consumidor final en el surtidor.
El IAG precisó que el ICL no funciona como un impuesto general, ya que una porción de lo recaudado está afectada por ley a fines específicos. El 28,58% de la recaudación se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Tras deducir una reserva de liquidez del 1,5%, el 50% de esos fondos se asigna al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), el cual financia a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El 50% restante se distribuye entre el transporte automotor (SISTAU, con 32,5 puntos porcentuales) y el ferroviario (SIFER, con 17,5 puntos porcentuales). De este modo, cada litro de nafta contribuye legalmente al mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional.
A pesar de que la recaudación del ICL es el impuesto que más creció en términos relativos desde el cambio de gestión —con un incremento real del 91% en 2025 respecto a 2023—, el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad se encuentra en niveles históricamente bajos. En 2025, la entidad registró un gasto inferior al observado durante la década de 1990, con las únicas excepciones de los años 2001 y 2002. En comparación con el año 2023, el gasto se redujo en un 71%.
Esta tendencia a la baja persistió durante el primer semestre de 2026, donde el gasto devengado por la DNV fue un 42% inferior al registrado en el mismo periodo de 2025. La reducción del gasto se manifiesta en todas las provincias, aunque con intensidades variadas. La provincia de Buenos Aires fue una de las más afectadas, con una reducción del 85% en términos reales de los recursos para obras viales en 2025 respecto a 2023. San Luis registró la mayor contracción con una caída del 95,6%, mientras que Jujuy mostró una evolución positiva con un incremento del 184% en los montos ejecutados.
El análisis del IAG resalta que la DNV gasta actualmente menos dinero del que podría gastar utilizando únicamente lo recaudado por el impuesto a los combustibles, ignorando otras fuentes como créditos externos o transferencias del Tesoro Nacional. De hecho, la entidad gastó solamente el 33% del monto recaudado por el ICL que le correspondía. De haberse ejecutado la totalidad de esos fondos, se podrían haber destinado 1,35 billones de pesos adicionales a precios de junio de 2026, lo que representa unos 534.000 millones de pesos más por año.
Esta suma habría permitido cubrir el mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de la red vial nacional, lo que equivale a una cuarta parte de los 40.000 kilómetros que componen la red total y supera dos veces la distancia entre Ushuaia y La Quiaca.
Ante este escenario, el vocero presidencial Adrián Ravier afirmó en conferencia de prensa que una parte de los impuestos que financian el SISVIAL es administrada por el Ministerio de Economía con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, aunque no precisó la proporción exacta de esos recursos. Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso recaudó 1,503 billones de pesos, pero solo destinó 394.406 millones a obras viales. Esto implica que el 73,8% de los recursos no fue ejecutado en su destino original y permaneció colocado en plazos fijos, títulos públicos y cuentas corrientes.
Finalmente, Ravier indicó que el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa un proceso de transformación donde las rutas se financien mediante inversiones privadas y no con dinero de los contribuyentes. Asimismo, destacó la transferencia de la administración de rutas nacionales a las provincias, proceso que hasta el momento se ha concretado únicamente con Santa Fe y San Juan.
