El Congreso de la República ha dado luz verde al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, fijando un monto total de 634,9 billones de pesos. La decisión se alcanzó tras una extenuante jornada de deliberación que se prolongó por más de 12 horas, finalizando sus discusiones en la madrugada del pasado 20 de octubre. Con esta aprobación, se evita que el Gobierno Nacional tenga que recurrir a la expedición del presupuesto mediante un decreto.
Dentro de los ajustes realizados durante el debate legislativo, el sector salud emerge como uno de los rubros con mayores modificaciones al alza. Inicialmente, el presupuesto contemplaba una asignación de 2 billones de pesos; sin embargo, tras las discusiones en el Congreso, se aprobaron 3 billones de pesos adicionales. Esta gestión eleva el monto total destinado a atender las necesidades del sistema de salud a 5 billones de pesos.
En cuanto al sector Trabajo, la asignación presupuestaria superará los 70 billones de pesos. Este monto incluye una partida específica de 6,5 billones de pesos adicionales, los cuales han sido destinados exclusivamente para dar cumplimiento a las obligaciones pensionales del país.
El sector de Minas y Energía también recibió ajustes significativos para garantizar la estabilidad de ciertos servicios básicos. Se asignaron 3 billones de pesos destinados específicamente al financiamiento de los subsidios de energía y gas. De manera complementaria, el presupuesto contempla una suma de 9,6 billones de pesos para cubrir las obligaciones relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
En el ámbito de la educación, el Congreso reconoció la existencia de una brecha financiera en la educación superior pública. Específicamente, se identificó una necesidad de aproximadamente 700.000 millones de pesos para asegurar el correcto funcionamiento de las universidades públicas.
Respecto a la seguridad y la justicia, el presupuesto asigna 82,8 billones de pesos para el área de seguridad. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación contará con 7,8 billones de pesos, cifra que incluye un incremento de 100.000 millones de pesos adicionales respecto a la propuesta inicial.
Uno de los movimientos presupuestales más destacados fue la reducción de los recursos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta entidad sufrirá un recorte de 181.400 millones de pesos. Los recursos sustraídos de la JEP fueron trasladados, en su mayor parte, al Ministerio de Defensa.
Finalmente, se registró un incremento en la inversión pública general. Esta cifra pasó de una propuesta inicial de 86,9 billones de pesos a un total de 94,8 billones de pesos. De este monto total destinado a la inversión, cerca de 69 billones de pesos se canalizarán directamente hacia las regiones, buscando descentralizar el gasto y fortalecer la ejecución de proyectos territoriales.
La aprobación de este paquete financiero cierra un ciclo de debates intensos en el legislativo, permitiendo que el Estado cuente con la hoja de ruta económica para el año 2027 sin la necesidad de implementar medidas excepcionales de decreto gubernamental.
