Maximiliano Ríos, alcalde de la comuna de Lo Prado y actual presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, manifestó su preocupación y cuestionó la escasa participación que, a su juicio, han tenido los gobiernos locales durante los primeros cinco meses de la actual administración en la elaboración de la agenda diseñada para combatir el crimen organizado.
El jefe comunal expuso estas reflexiones en una entrevista concedida a CNN Chile Radio. Dichas declaraciones se produjeron inmediatamente después de que Ríos participara en una reunión llevada a cabo en La Moneda, encabezada por el presidente José Antonio Kast, en la cual diversos alcaldes fueron informados sobre las medidas de seguridad que el Ejecutivo está impulsando para enfrentar la criminalidad.
Durante su intervención, Ríos fue enfático al señalar que existen diferencias sustanciales, especialmente desde la perspectiva del mundo municipal. Según explicó, durante el primer periodo de cinco meses de gestión gubernamental, los municipios no fueron considerados en el proceso de diseño de las estrategias. Si bien reconoció que en la actualidad ya existe una instancia de participación, subrayó que el camino recorrido hasta ahora ha sido insuficiente.
El alcalde valoró positivamente que el Gobierno reconozca finalmente el conocimiento territorial que poseen los municipios, ya que son las autoridades locales quienes tienen el contacto directo con la realidad de cada barrio. No obstante, sostuvo que este reconocimiento no debe quedar solo en palabras o en reuniones informativas, sino que debe traducirse en una participación efectiva y real en el diseño de las medidas que se implementarán en los territorios.
Como ejemplo concreto de esta falta de coordinación previa, Maximiliano Ríos apuntó al plan gubernamental que contempla la intervención de 50 barrios prioritarios. El jefe comunal aseguró que la selección de estos sectores no fue conversada previamente con las autoridades comunales correspondientes, lo que evidencia una brecha en la planificación conjunta. Al respecto, señaló: “En eso nosotros no hemos sido consultados. Esperamos que de aquí en adelante sí se haga”.
En este sentido, Ríos recordó las polémicas y discusiones que generó en su momento el plan "Calles Sin Violencia" durante la administración anterior. Utilizando este antecedente, planteó que es fundamental que los municipios conozcan y comprendan los criterios técnicos y operativos que determinarán qué territorios serán intervenidos y por qué. El alcalde fue claro al solicitar transparencia en el proceso: “Si se van a elegir 50 barrios, nosotros queremos participar, queremos saber cuál va a ser la forma de elección de esos barrios”.
En cuanto a las medidas específicas de seguridad, el alcalde valoró aquellas orientadas a reforzar la presencia policial, incrementar los operativos en terreno y potenciar la persecución penal de los delitos. Sin embargo, advirtió que la agenda del Gobierno no puede limitarse únicamente a una estrategia de endurecimiento de las penas o de control reactivo.
Ríos argumentó que, si bien está de acuerdo con las medidas de "mano dura", estas resultan insuficientes si no se acompañan de una estrategia robusta de prevención. En este punto, resaltó que la labor preventiva es una competencia que recae principalmente en los municipios, quienes trabajan en la recuperación de espacios públicos y en el desarrollo de actividades preventivas dentro de los barrios para evitar que los jóvenes y los vecinos caigan en la delincuencia.
Finalmente, el alcalde abordó la problemática financiera, advirtiendo sobre las importantes diferencias presupuestarias que existen entre los distintos municipios del país. Ríos fue categórico al afirmar que no es posible exigir que se haga más por la seguridad ciudadana utilizando los mismos recursos, planteando que cualquier nueva medida que pretenda tener un impacto real en el territorio debe venir acompañada del financiamiento necesario.
Respecto a la posible intervención de las Fuerzas Armadas en sectores críticos, el alcalde de Lo Prado se mostró abierto a evaluar dicha posibilidad caso a caso. Asimismo, manifestó que ve con buenos ojos la implementación de un nuevo estado de excepción, siempre y cuando Carabineros de Chile sea la institución a cargo del despliegue operativo.
