A diecisiete años de la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009, impulsada durante el gobierno del MAS, el país se encuentra en el centro de un intenso debate sobre la necesidad de modificar la Carta Magna. Esta discusión ha cobrado fuerza tras el mensaje del presidente Rodrigo Paz, quien anunció diversas medidas orientadas a transformar el Estado, planteando la interrogante de si la actual estructura constitucional permitiría profundizar los cambios necesarios para alcanzar una transformación real y profunda.
Diversos sectores, compuestos por analistas, constitucionalistas, politólogos y figuras políticas, coinciden en que este es uno de los temas más delicados de la agenda actual. No obstante, sostienen que es imprescindible encarar la revisión del texto constitucional si el objetivo es superar lo que el Gobierno ha denominado el «Estado tranca». Según estos expertos, existen una serie de «candados» en la actual Constitución Política del Estado (CPE) que obstaculizan la creación de garantías sólidas para atraer inversiones extranjeras, específicamente en lo relacionado con el desarrollo de los recursos naturales.
En este contexto, el Gobierno ha anunciado la entrega a la Asamblea Legislativa, este martes, de un proyecto de ley de inversiones. Hasta el momento, la información sobre este documento es limitada, ya que solo ha sido socializado con empresarios privados. De los datos que han trascendido, se sabe que el proyecto incluye la restitución de los mecanismos de arbitraje internacional y el establecimiento de garantías efectivas para los inversores. Sin embargo, persiste el desconocimiento sobre cómo se manejarán las previsiones constitucionales en el área de los recursos naturales, especialmente respecto al mandato constitucional que obliga a las empresas extranjeras a la reinversión de sus utilidades.
Si bien existen mecanismos para atenuar algunas de estas cargas sin necesidad de alterar la CPE, los especialistas advierten que persisten limitaciones que desalientan la llegada de capitales. Para que se abra el camino a inversiones extranjeras significativas, consideran que es necesaria una transformación de fondo. Esta urgencia de cambios estructurales se extiende también a la ley de minería, la cual requiere modificaciones radicales para frenar el sistema de producción anárquico actual. Este modelo, según se señala, beneficia principalmente a quienes explotan los minerales, aportando muy poco tanto a las regiones como al Estado. En el caso específico del oro, se plantea la necesidad de una reingeniería legal, dado que la actividad actual está provocando graves atentados contra las comunidades originarias de la Amazonia y el medio ambiente.
Desde la perspectiva del análisis político, Franklin Pareja ha señalado que, aunque el presidente Rodrigo Paz mencionó la intención de generar una «nueva época» para los bolivianos, omitió hablar explícitamente de reformas constitucionales en su mensaje al país. Pareja sostiene que el «Estado tranca» está precisamente bloqueado en la Constitución, calificando la situación como una «trampa». Según el politólogo, cualquier paquete de leyes, independientemente de su calidad, enfrentará profundos problemas de operativización si no se destraban primero los candados constitucionales.
Por su parte, en un diálogo sostenido en el periódico Correo del Sur junto a Mery Vaca y Franklin Pareja, la periodista Nancy Vacaflor cuestionó la viabilidad de encarar cambios estructurales desligados de la Carta Magna. Vacaflor advirtió que no cree que existan actualmente las condiciones para realizar reformas constitucionales, apuntando a una conflictividad contenida que podría manifestarse una vez finalice el estado de excepción de 90 días, dictado el 20 de junio tras los bloqueos de sectores radicales que exigían la renuncia de Paz. Mery Vaca coincidió en que la reforma es necesaria, pero también expresó dudas sobre las condiciones para ejecutarla, sugiriendo que el presidente se resiste a alcanzar acuerdos políticos, prefiriendo basarse en acuerdos institucionales.
Desde el Poder Legislativo, el presidente del Senado, Diego Ávila, ha sido enfático al afirmar que una modificación parcial de la CPE es indispensable para consolidar la transformación nacional. Ávila propuso la creación de una «Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución», la cual integraría todos los procesos pendientes de cambio en los ámbitos político, económico, ambiental y judicial. Para el presidente de la Cámara Alta, no existe otra alternativa para lograr un cambio estructural.
Ávila recordó que cualquier modificación parcial de la Carta Magna requiere la aprobación de dos tercios de los votos en la Asamblea y debe ser sometida a un referendo para adquirir plena vigencia. Como ejemplo de esta necesidad, mencionó la Ley de Autonomías y el avance hacia el federalismo, señalando que no basta con modificar normas sectoriales, sino que es imperativo cambiar las facultades y competencias fijadas en la Constitución. Finalmente, definió el momento actual como un periodo «casi refundacional» y clave para el futuro del país, haciendo un llamado al compromiso absoluto de todas las fuerzas políticas en el Parlamento para lograr un proyecto de transformación compartido y consensuado con la población.
