Dos de las personas que fueron procesadas durante la gestión del expresidente Evo Morales en relación con el caso Hotel Las Américas han procedido a interponer una denuncia formal ante la Fiscalía. La acción legal se dirige contra un grupo numeroso de 153 personas, entre las cuales se encuentran exministros, exfiscales y otros antiguos funcionarios públicos que formaron parte del aparato estatal en aquel periodo.
El denunciante, David Sejas, quien fue uno de los civiles involucrados y detenidos en el proceso original, manifestó que esta medida responde a que el Estado boliviano no ha dado cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales fueron difundidas en el año 2022. Según Sejas, la lista de los acusados abarca a todas aquellas autoridades que, desde sus respectivos cargos, estuvieron involucradas en la ejecución del caso Las Américas.
Entre los nombres más destacados que figuran en la amplia lista de acusados se encuentra el exvicepresidente David Choquehuanca, así como Raúl García Lineras, hermano del expresidente Álvaro García Lineras. Asimismo, la denuncia alcanza a exfiscales del Estado, específicamente a Juan Lanchipa y Ramiro Guerrero. En el ámbito ministerial, se encuentran señalados Juan Ramón Quintana y Carlos Romero. También figura en el documento Betty Yañíquez, quien se desempeñó como exjuez, exfiscal de La Paz y exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), además de otros funcionarios y miembros de la policía.
El documento legal presentado formalmente ante la Fiscalía de Santa Cruz detalla una serie de delitos graves por los cuales se procesa a estas 153 personas. Los cargos incluyen asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones y torturas, privación de libertad, y lesiones clasificadas como gravísimas, graves y leves. Adicionalmente, se imputan resoluciones contrarias a la ley, amenazas y otros delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones en aquel entonces.
David Sejas ha expresado su malestar respecto a la gestión actual, señalando que durante el gobierno de Luis Arce la Contraloría no atendió las recomendaciones dispuestas por la CIDH. De igual manera, el denunciante considera que en el gobierno de Rodrigo Paz no existe un interés real por lograr un acuerdo que repare los daños causados a las víctimas.
Para comprender el trasfondo de esta denuncia, es necesario remontarse a los hechos ocurridos la madrugada del 16 de abril de 2009. En esa fecha, un grupo de élite de la Policía Boliviana irrumpió en las instalaciones del Hotel Las Américas, ubicado en la ciudad de Santa Cruz. Durante el operativo, se reportaron detonaciones en el cuarto piso y los efectivos policiales ingresaron en las habitaciones disparando sus armas de fuego. El resultado de esta acción fue la muerte de Michael Dwyer y otras dos personas, mientras que Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos. En el transcurso de las investigaciones posteriores, otros civiles, incluidos David Sejas y Juan Carlos Guedes, fueron involucrados en el proceso judicial y privados de su libertad.
En el año 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a la conclusión de que el Estado boliviano es responsable de la violación de diversos derechos fundamentales. Específicamente, se determinó la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, así como a las garantías y la protección judicial de Mario Tadic y otras personas afectadas en el caso Hotel Las Américas.
Como consecuencia de estas determinaciones, la CIDH emitió cuatro recomendaciones precisas que el Estado boliviano debía implementar. La primera consiste en brindar una reparación integral que incluya una compensación económica para los afectados. La segunda recomendación se refiere a la rehabilitación física y mental de los demandantes, siempre contando con su consentimiento. La tercera exige la apertura de procesos penales contra aquellos responsables de violentar los derechos de los demandantes. Finalmente, la cuarta recomendación insta al Estado a adoptar medidas concretas para garantizar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en el futuro.
