El Presidente de la República, José Antonio Kast, dio inicio este lunes a las gestiones para la discusión en el Congreso de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Esta iniciativa, que se ha convertido en la nueva prioridad del Gobierno y que fue presentada previamente a través de una cadena nacional la semana pasada, busca implementar cambios estructurales para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Desde el Palacio de La Moneda, el Mandatario estuvo acompañado por un equipo clave de su gabinete, incluyendo a los ministros Martín Arrau (Seguridad), Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y José García (Segpres). En este acto, el Presidente firmó el proyecto de reforma constitucional cuyo objetivo principal es elevar la seguridad pública a rango constitucional, estableciéndola como uno de los ejes fundamentales de la estrategia ACOT.
Durante su intervención, el Presidente Kast reflexionó sobre la complejidad del escenario actual, señalando que su administración asumió el mando enfrentando una de las crisis de seguridad más graves de la historia reciente de Chile. El Jefe de Estado enfatizó que este problema excede la gestión de un solo gobierno y que el fenómeno del terrorismo y el crimen organizado transnacional tiene raíces profundas y data de largo tiempo.
En este sentido, el mandatario subrayó que la reforma propuesta no es propiedad de un gobierno en particular, sino que pertenece a toda la nación. Por este motivo, extendió una invitación formal al Parlamento para que la discusión del proyecto se desarrolle con altura de miras, instando a los legisladores a priorizar la seguridad de los ciudadanos, calificándola como una "urgencia total" para el país.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes gubernamentales, se prevé que el proyecto de reforma ingrese al Senado entre este jueves y viernes. La iniciativa es considerada una pieza clave en la agenda del Ejecutivo. Según adelantó el diario La Tercera, el texto incluirá un nuevo artículo relativo a las inhabilidades y la pérdida de derechos o beneficios sociales. Esta medida tiene como propósito evitar que el Tribunal Constitucional (TC) emita fallos que pudieran bloquear el avance de las medidas de seguridad propuestas.
Sobre este punto específico, el Presidente Kast explicó en una conversación con 24 Horas que el debate parlamentario deberá determinar, por ejemplo, si es procedente que un asesino en serie continúe recibiendo beneficios del Estado.
Además de los cambios en los beneficios sociales, la reforma contempla la creación de un nuevo estado de excepción, la implementación de un registro de organizaciones criminales, el establecimiento de regímenes penitenciarios diferenciados y la facilitación de los procesos para la incautación de bienes pertenecientes a estas organizaciones.
Simultáneamente, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) informó que 19 proyectos integrados en la ACOT ya cuentan con urgencia legislativa para acelerar su tramitación. Entre las iniciativas con discusión inmediata destaca la que establece la legítima defensa privilegiada para los funcionarios de las policías y las Fuerzas Armadas, así como la denominada ley corta de seguridad municipal.
Por otro lado, se ha otorgado suma urgencia a los proyectos relativos a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y al incremento de las sanciones por atentados contra la autoridad. Otras medidas priorizadas incluyen la responsabilidad penal adolescente, la protección de infraestructura crítica, el control de identidad ejercido por las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción constitucional y la continuidad de los orales frente a ausencias.
A pesar del impulso gubernamental, la reforma constitucional ha generado algunas dudas dentro del propio oficialismo. El senador Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Seguridad, manifestó que no ve razones claras para modificar la Carta Magna, calificando la medida como algo "simbólico" y expresando reservas respecto al nuevo estado de excepción.
En la misma línea, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, coincidió con la postura del senador Longton, afirmando que el objetivo debe ser realizar la menor cantidad de cambios posibles en la Constitución. Ramírez sostuvo que se deben estudiar cuáles son las normas indispensables que requieren modificación, evitando que se trate de una alteración extensa. Otras figuras parlamentarias del sector han sugerido en privado que la reforma sea acotada para evitar que se reabra el debate constitucional general.
Ante estas inquietudes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aclaró que la propuesta de La Moneda no constituye una "megarreforma constitucional" similar a los procesos anteriores que generaron inestabilidad e incertidumbre en el país. Arrau precisó que se trata de modificaciones acotadas y específicas dentro del ordenamiento constitucional, aunque reconoció que son cambios muy importantes.
Finalmente, la jornada concluyó con el comité político ampliado en La Moneda, donde el ministro Alvarado solicitó nuevamente el respaldo del oficialismo a las iniciativas de seguridad. En este espacio, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, cuestionó la coordinación del ministro de Agricultura, Jaime Campos, debido a una emergencia por sistema frontal en la región de Los Ríos. Gatica denunció falta de coordinación en actividades de Indap y criticó las vocerías del seremi regional, instando al ministro Campos a dejar de lado las diferencias políticas para dar respuestas oportunas a los agricultores afectados.
