Apenas dos días después de que la presidenta Keiko Fujimori realizara una serie de anuncios en materia laboral durante las celebraciones de Fiestas Patrias, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado un informe que dimensiona la magnitud del desafío que enfrenta el Ejecutivo peruano. El reporte, titulado “Tendencias del Mercado Laboral en América Latina y el Caribe”, publicado el 30 de julio y con proyecciones al cierre del 2025, revela que la informalidad laboral en el país sigue siendo un problema estructural profundamente arraigado.
De acuerdo con las cifras presentadas por la OIT, el Perú se posiciona como el tercer país con mayor tasa de informalidad en América Latina y el Caribe, registrando un 69.8%. Esta cifra sitúa al país solo por debajo de Bolivia, que lidera la región con un 82.2%, y Ecuador, con un 70.1%. En términos prácticos, esto significa que, al cierre del 2025, casi 7 de cada 10 trabajadores ocupados en territorio peruano laboran en condiciones informales, consolidando a este fenómeno como el principal motor de empleo en la economía nacional.
El organismo internacional enfatizó que, aunque Perú logró reducir su tasa de informalidad en aproximadamente un punto porcentual entre 2024 y 2025, la situación sigue siendo crítica. La OIT señaló que, tanto en Perú como en otras economías de la región, la informalidad no es un estado transitorio, sino un rasgo estructural del funcionamiento del mercado de trabajo y la principal vía de inserción laboral para la población.
Uno de los puntos más complejos destacados en el informe es la denominada “informalidad dentro de la formalidad”. La OIT utilizó a Perú y Colombia como ejemplos para ilustrar cómo existe una superposición entre la productividad de las empresas formales e informales. En el caso peruano, aproximadamente el 20% del empleo informal ocurre dentro de empresas que están registradas formalmente. César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, explicó que esto se manifiesta en empresas que, aun teniendo trabajadores en planilla, mantienen a otros fuera de ella, utilizan irregularmente los honorarios profesionales o realizan pagos parciales del sueldo fuera del registro legal. A pesar de ello, Perú presenta una exposición menor en este rubro comparado con México (26%), Colombia (33%) o Brasil (40%).
Ante este escenario, la OIT sostiene que para reducir drásticamente la informalidad en países que superan el 60% de tasa, es imperativo implementar un “enfoque integral”. El organismo advierte que el desafío no se resuelve únicamente con el fortalecimiento del cumplimiento de las normas, sino que requiere una combinación de políticas de desarrollo productivo, el fortalecimiento de las capacidades empresariales y una ampliación real de la protección social.
En este contexto, especialistas han cuestionado si las medidas anunciadas por la presidenta Fujimori —como el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en dos tramos, el bono compensatorio para las mypes y los programas de empleo juvenil— son suficientes. Fernando Varela, extitular del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTPE), señaló que estas acciones podrían incentivar la economía y el “autoempleo”, pero no necesariamente la formalización laboral. Varela sugirió que el bono para las mypes sería más efectivo si el Estado subvencionara la diferencia salarial por un periodo prolongado, como un año, en lugar de ser un apoyo puntual.
Por su parte, César Puntriano indicó que el incremento de la RMV debe ser técnicamente viable y basarse en un análisis de productividad, y no solo en la recuperación de la capacidad adquisitiva frente a la inflación. Puntriano recordó que el mensaje a la nación del 28 de julio no contó con la aprobación del Consejo de Ministros debido a la ausencia de un gabinete en ese momento, por lo que espera medidas más estudiadas por parte del Ejecutivo.
Como respuesta a esta problemática, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció el 7 de agosto la creación de comisiones presidenciales, una de las cuales tendrá la tarea específica de presentar acciones contra la informalidad. Asimismo, el nuevo titular del MTPE, Juan Sheput, ha ratificado a Jorge Larrea como secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), espacio donde se discutirá la propuesta de elevar la RMV y otras medidas laborales de la nueva gestión.
Finalmente, el nombramiento de Evelin Coloma como nueva superintendenta de la Sunafil abre una oportunidad para cambiar el enfoque de fiscalización. Fernando Varela sugirió implementar un modelo de “trabajo por resultados” y un rol preventivo que otorgue plazos de subsanación en lugar de limitarse a multas. El especialista subrayó la necesidad de que Sunafil no fiscalice únicamente a las empresas formales por ser más fáciles de ubicar, sino que llegue a los negocios informales. En sintonía, Puntriano recomendó que el MTPE lidere una estrategia conjunta con los ministerios de Educación y Producción, definiendo metas claras de reducción de informalidad para el quinquenio, especialmente en el sector juvenil, donde persiste una brecha entre la oferta educativa y la demanda laboral.
