La propuesta impulsada por Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, de avanzar en la venta de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), o al menos de una parte de su propiedad, ha desatado una ola de reacciones negativas en diversos sectores de la sociedad chilena. Ante esta iniciativa, se ha lanzado una convocatoria bajo el lema “Por la defensa de Codelco 100 por ciento estatal”, con el objetivo de protestar contra lo que consideran un ataque al patrimonio público.
Desde el sindicato de la empresa, la postura es clara y tajante. A través de un comunicado, la organización gremial manifestó que los trabajadores y la ciudadanía en general no pueden permanecer inmovilizados ante lo que definieron como una “arremetida privatizadora” que proviene no solo del gobierno, sino también de diversos partidos políticos y sectores empresariales. Para el sindicato, la propiedad estatal de la compañía es innegociable.
En su argumentación, el gremio minero recordó que Codelco fue creada tras la aprobación unánime de la nacionalización del cobre durante el gobierno de Salvador Allende. Según los trabajadores, la trayectoria de la corporación a lo largo de sus 55 años de historia es la prueba fehaciente de que se ha consolidado como la mejor empresa del Estado, demostrando eficiencia y compromiso con el desarrollo del país.
Uno de los puntos centrales en la defensa de la estatal cuprífera es su aporte financiero al bienestar social. La organización sindical recordó que Codelco ha entregado más de 165 mil millones de dólares, fondos que han sido destinados a la construcción de hospitales y escuelas, así como a garantizar el acceso a la educación y a pensiones dignas para la población. Este monto subraya la importancia de la empresa como motor de financiamiento para las políticas sociales del Estado.
El rechazo a la propuesta de los republicanos no se limita a los trabajadores, sino que se ha extendido a diversas fuerzas políticas y organizaciones sociales. El Partido Socialista, mediante una declaración titulada “Codelco no se vende”, repudió la iniciativa de Squella y lanzó una dura acusación contra el gobierno, señalando que se estaría avanzando hacia un proceso de privatización encubierta.
Por su parte, el Frente Amplio se sumó a las críticas, considerando que la idea de vender parte de la empresa representa un riesgo crítico para el patrimonio del Estado chileno. En sintonía con este análisis, el Partido Comunista de Chile (PCCh) advirtió en un comunicado oficial que ceder la propiedad de la principal empresa del Estado, aunque sea de manera parcial, implicaría entregar el control de un recurso estratégico a intereses privados, priorizando estos por sobre el interés general de la nación. El PCCh enfatizó que, en su visión, el cobre es y debe seguir siendo “el sueldo de Chile”.
Más allá de la disputa política, la magnitud de Codelco en términos laborales es considerable. La mayor empresa cuprífera del mundo es actualmente la fuente de empleo para cerca de 76 mil personas. De este total, 16 mil corresponden a trabajadores de dotación propia, mientras que los 60 mil restantes son colaboradores pertenecientes a compañías contratistas, lo que evidencia el impacto económico indirecto de la empresa en miles de familias.
Finalmente, el sentimiento de la ciudadanía parece alinearse con los trabajadores y los partidos de oposición a la medida. Según los datos proporcionados por la encuesta Criteria, un contundente 74 por ciento de los chilenos se opone a la propuesta de privatizar Codelco, reflejando un amplio consenso social sobre la permanencia de la empresa bajo el control total del Estado.
