La difusión de al menos dos fotografías en redes sociales durante las últimas 48 horas ha desencadenado una fuerte controversia política y legal en torno a los operativos de seguridad desplegados en las inmediaciones del Congreso Nacional. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se observa a un agente que viste ropa de civil formando parte del operativo que terminó con disparos hacia manifestantes mientras se trataba la ley de propiedad privada.
El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, porta lo que parece ser una escopeta. En una de las capturas, el sujeto sostiene el arma hacia abajo, mientras que en la otra se lo ve manteniéndola en posición horizontal. Estas fotografías fueron tomadas el pasado jueves en las afueras del Senado, en el marco de la discusión sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Aquella jornada estuvo marcada por disturbios que resultaron en detenidos y heridos, afectando tanto a civiles como a efectivos policiales y gendarmes.
Ante este escenario, el diputado nacional Esteban Paulón, integrante del Partido Socialista, anunció que presentará este lunes una solicitud formal ante la mesa de entradas del Congreso. El legislador exige que el Gobierno nacional brinde explicaciones detalladas sobre la presencia de "agentes armados sin uniforme" durante la marcha, señalando además que también se detectó la presencia de otros agentes de civil que no portaban armas.
La resolución presentada por Paulón solicita específicamente que se cite a comparecer ante la Honorable Cámara de Diputados a la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El objetivo es que la funcionaria justifique el motivo por el cual se destacaron agentes sin identificación visible ni uniformes en el procedimiento, haciendo hincapié en que existen registros visuales donde dichos agentes apuntaban directamente al cuerpo de las personas que participaban en la protesta.
Además de cuestionar la composición del operativo, el diputado solicitó que el Gobierno informe si se ha iniciado una investigación sobre lo que calificó como una "represión injustificada", la cual se habría prolongado por más de dos horas contra manifestantes que, según el legislador, se encontraban en total tranquilidad y no generaban disturbios hasta ese momento. Paulón también exigió conocer la identidad de los agentes de las fuerzas de seguridad que efectuaron disparos directos hacia trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes en las cercanías del edificio legislativo.
La presencia de agentes no identificados ha generado reacciones encontradas en el ámbito político. Mientras Paulón denuncia irregularidades, la senadora libertaria provincial María Florencia Arietto manifestó su respaldo al accionar del agente. A través de su cuenta en la red social X, Arietto replicó el posteo con la imagen del hombre armado y escribió: “Recontra banco al oficial que cumplió con su deber; es más, si algún kuka lo denuncia, que sepa el oficial que lo defiendo pro bono”.
Desde el punto de vista normativo, el actuar de agentes de civil sin identificación plantea interrogantes legales. En Argentina, cuando un policía de civil interviene en una detención u operativo utilizando su arma de fuego, tiene la obligación legal de identificarse claramente gritando “¡Policía!”, a menos que exista un peligro inminente para su vida o la de terceros. De acuerdo con la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059, actuar de forma anónima y de civil con el fin de amedrentar constituye una violación a los protocolos de actuación policial y a los reglamentos internos de cada fuerza de seguridad.
El contexto de estos incidentes fue una masiva movilización convocada por organizaciones sociales, gremiales y sindicales. La protesta se centró principalmente en el rechazo a un capítulo de la ley que permitiría aumentar la venta de tierras a extranjeros. La jornada finalizó con fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Por su parte, el Gobierno informó que el operativo del jueves contó con la participación de 820 agentes pertenecientes a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Desde el Ministerio de Seguridad se comunicó que tres manifestantes fueron detenidos bajo los cargos de resistencia a la autoridad y atentado. Asimismo, se reportó que dos efectivos resultaron heridos: un prefecto que fue atendido en el lugar y un gendarme que debió ser trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza.
