Una grave irregularidad administrativa y financiera ha sacudido a la principal empresa estatal de Chile. Una investigación interna ha revelado que, al cierre del año 2025, Codelco implementó una estrategia denominada "operación rastrillo" con el objetivo de elevar artificialmente las cifras de producción, lo que derivó en el pago improcedente de bonos a más de 6 mil trabajadores y ejecutivos por un monto aproximado de 13 mil millones de pesos.
La trama salió a la luz tras la revelación de César Márquez, exgerente de Presupuesto y Control de Gestión, quien fue el único ejecutivo despedido de la cuprífera estatal el pasado 20 de mayo de 2026. Según el testimonio de Márquez, entregado ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la consigna impartida por la plana ejecutiva era clara: la producción de 2025 debía ser superior a la de 2024, sin importar si la operación generaba pérdidas económicas.
Este impulso por mejorar los guarismos se habría visto acentuado por el impacto del fatal accidente en la mina El Teniente, que no solo dejó seis trabajadores fallecidos, sino que provocó pérdidas económicas estimadas en 9 millones de dólares por cada día de paralización. En este contexto, correos internos confirman la existencia de la "operación rastrillo". Un mensaje enviado el 9 de diciembre de 2025 por Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización, al entonces presidente ejecutivo Rubén Alvarado, mencionaba explícitamente que se estaba trabajando con todas las divisiones para "poner en valor todo material con cobre" bajo dicha operación.
La auditoría interna determinó que esta práctica resultó en la incorporación irregular de 27 mil toneladas adicionales a los reportes finales de 2025. De este total, 20 mil toneladas correspondían a productos calificados como "óxido", rocas que contienen cobre pero que requieren procesamientos prolongados. Según la investigación, este material no cumplía con los estándares internos para ser contabilizado, ya que su conversión en un producto vendible demoraría entre 18 y 24 meses y dependía de la disponibilidad de la planta de la División Radomiro Tomic, la cual ya había advertido sobre su falta de capacidad a corto plazo.
Sin embargo, el hallazgo más crítico fueron las casi 7 mil toneladas restantes, conocidas como "Polvos de Montecristo". Estos materiales son desperdicios con alto contenido de arsénico, lo que los hace invendibles en su estado actual. Procesar estos polvos no solo habría tomado seis años mediante el tratamiento en Ecometales, sino que habría generado un perjuicio económico para el Estado de entre 7 y 50 millones de dólares. Además, fuentes internas señalan que la cuprífera ni siquiera contaba con los permisos ambientales necesarios para movilizar dichos materiales.
El detonante de la crisis fue un correo anónimo enviado el 25 de febrero de 2026 al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) con copia al directorio de Codelco, donde se denunciaban 16 puntos de irregularidades, incluyendo la sobreproducción en Chuquicamata. Aunque la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), Tamara Agnic, afirmó que ya se estaba profundizando en la revisión del cierre de producción, la denuncia aceleró el proceso, categorizando el asunto como "prioritario".
Como consecuencia directa de estas cifras infladas, se activó el pago de incentivos basados en metas de producción. Un total de 6.322 empleados recibieron bonos improcedentes que suman 14,3 millones de dólares (aproximadamente 13 mil millones de pesos). Mientras que el promedio por funcionario fue de 2 millones de pesos, los gerentes y altos cargos percibieron montos de hasta 7 millones de pesos. Actualmente, la empresa intenta recuperar estos fondos, y algunos ejecutivos ya han comenzado a devolver el dinero.
En cuanto a las sanciones, siete altos funcionarios fueron penalizados, pero solo César Márquez fue desvinculado. La compañía lo señala como el principal articulador del abultamiento de cifras. Márquez, por su parte, se defiende asegurando que la instrucción emanaba del presidente ejecutivo, el comité ejecutivo y el presidente del directorio, y que la información fue reportada en todos los niveles de la compañía. El exejecutivo ha interpuesto una demanda contra el Estado, mientras que el caso ha sido derivado al Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
