El Gobierno Nacional mantiene firme su agenda de desregulación marítima, aunque ha decidido ajustar la estrategia de implementación tras el conflicto gremial que paralizó los puertos recientemente. Según fuentes del Ejecutivo, se analiza avanzar a través del Congreso con una parte de los cambios previstos, buscando una mayor legitimidad legislativa para evitar nuevos bloqueos operativos en la infraestructura portuaria del país.
En la Casa Rosada reconocen que la suspensión del decreto 690/2026 representó un retroceso "fuerte" en comparación con la avanzada inicial del Ministerio de Desregulación. Sin embargo, aseguran que este revés no ha modificado el diagnóstico de fondo sobre los costos logísticos y las regulaciones actuales de la navegación comercial. Desde Nación expresaron que el paquete de desregulación está siendo revisado, pero confirmaron que se seguirá avanzando en los objetivos trazados.
La definición más concreta hasta el momento corresponde al régimen de cabotaje, que comprende el transporte de mercaderías o pasajeros entre distintos puntos del territorio nacional. En Balcarce 50 admiten la posibilidad de incorporar las reformas de cabotaje en un proyecto de ley, subrayando que consideran este punto como un tema fundamental para el futuro del comercio exterior y la competitividad del país.
El borrador legislativo que ya se venía trabajando define el cabotaje como el traslado de cargas o pasajeros en aguas nacionales y propone habilitar, bajo condiciones específicas, la participación de buques de bandera extranjera. Asimismo, el proyecto busca modificar aspectos clave de la Ley de Navegación, las reglas relativas a la dotación y tripulación, y el régimen de promoción de la Marina Mercante.
Por otro lado, el practicaje —servicio público donde profesionales especializados asisten a los buques en maniobras en ríos, canales, pasos y puertos— seguirá un camino diferente. Actualmente, la Ley de Navegación establece que este servicio está regulado y controlado por la autoridad marítima, determinando sus tarifas y formas de prestación mediante reglamentación.
Si bien el Ejecutivo no descarta que la reforma del practicaje termine convirtiéndose en un proyecto de ley, la prioridad inmediata es el diálogo. La cautela actual responde al acuerdo alcanzado esta semana para destrabar el conflicto. En consecuencia, el primer canal de revisión será una nueva mesa de trabajo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, con la participación de la Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector.
En dicha mesa participará John Ryan, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, junto a otras autoridades nacionales. El objetivo central es revisar los puntos críticos que originaron la disputa y elaborar una nueva regulación que no ponga en riesgo la continuidad de la operatoria portuaria. El decreto 716, que formalizó la suspensión de la norma anterior, establece explícitamente que la mesa busca "lograr los consensos necesarios" para garantizar la prestación del servicio.
El conflicto se había originado por el decreto 690, el cual eliminaba el límite numérico para la inscripción de prácticos habilitados y permitía su contratación directa como profesionales independientes. También flexibilizaba la contratación de los medios de traslado hacia los buques y facultaba a la ANPYN a fijar tarifas máximas. Además, la norma otorgaba a la Prefectura la capacidad de prestar directamente el servicio de practicaje, pilotaje o baquía, o solicitar la intervención de la Armada en situaciones de crisis.
Estos puntos generaron una fuerte resistencia de las organizaciones de capitanes y trabajadores marítimos, quienes advirtieron sobre los riesgos de reemplazar a los prácticos sin las habilitaciones correspondientes. El impacto fue severo: el movimiento de más de un centenar de buques se vio frenado, afectando exportaciones, el suministro de combustibles y diversas operaciones vinculadas a proyectos energéticos.
En conclusión, el Gobierno busca ahora separar los componentes de la agenda marítima para evitar nuevas crisis. Mientras el cabotaje sigue una vía legislativa bajo análisis, el practicaje se resolverá primero mediante la negociación. El objetivo final de reducir costos logísticos y aumentar la competencia permanece vigente, pero la Casa Rosada ha optado por definir sus próximos pasos tras escuchar a los sectores involucrados.
