La presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha manifestado una postura tajante y decidida frente a la inseguridad ciudadana que afecta al país. Durante sus recientes declaraciones, la mandataria señaló que su administración actuará "con mucha fuerza" contra los delincuentes, con el objetivo primordial de asegurar que estos "terminen en prisión". Esta determinación refleja la prioridad que el actual Gobierno ha asignado al combate contra la criminalidad y la búsqueda de una justicia efectiva.
El anuncio de estas medidas se produjo en el marco de una importante reunión de trabajo llevada a cabo en el Palacio de Gobierno. El encuentro estuvo encabezado por la presidenta Fujimori y contó con la presencia del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. La sesión tuvo un carácter multisectorial, ya que participaron figuras clave del gabinete ministerial y del sistema de justicia, subrayando la intención del Ejecutivo de coordinar acciones conjuntas entre las diversas entidades del Estado.
Entre los asistentes a esta reunión de alto nivel se encontró el primer ministro, Luis Galarreta, junto con los titulares de carteras estratégicas para la seguridad y el marco legal del país: el ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. Asimismo, la reunión contó con la participación de la fiscal suprema Patricia Benavides, además de otras autoridades relevantes, lo que evidencia el esfuerzo por integrar la visión del Ministerio Público y el Poder Ejecutivo.
Durante la sesión, la presidenta Fujimori enfatizó que el pilar fundamental para lograr resultados tangibles es la capacidad de escucha y la articulación institucional. “Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones”, afirmó la mandataria, resaltando que la lucha contra el crimen no puede llevarse a cabo de manera aislada, sino a través de un esfuerzo coordinado entre la policía, la fiscalía y el sistema judicial.
En otro aspecto relevante de la agenda gubernamental, la presidenta informó sobre la intención de su administración de presentar un pedido de delegación de facultades legislativas ante el Congreso de la República. Aunque la fecha oficial del anuncio aún está pendiente de confirmación, Fujimori detalló que estas facultades serán utilizadas para implementar medidas urgentes y específicas. El plan se centra en tres ejes principales: el despliegue de acciones contra la criminalidad, el enfrentamiento a los efectos devastadores del Fenómeno El Niño y la ejecución de un plan de fortalecimiento y modernización de las instituciones del Estado peruano.
En relación con el sistema de administración de justicia, la jefa de Estado fue clara al definir el rol del Gobierno como un aliado estratégico. La presidenta aseguró que el Ejecutivo trabajará para ayudar, empoderar y proveer los recursos necesarios que las entidades judiciales requieran para optimizar su funcionamiento. No obstante, subrayó que, a pesar del apoyo institucional, el objetivo final y supremo de estas gestiones es velar por la seguridad de todos los ciudadanos.
Para materializar esta visión de una justicia más eficiente, la mandataria aseguró que se están articulando mesas de diálogo diseñadas para resolver nudos críticos, agilizar los procesos y lograr que la justicia "se vea, se sienta y sea más rápida". Con ello, el Gobierno busca reducir la impunidad y mejorar la percepción ciudadana sobre la eficacia del sistema judicial.
Finalmente, la presidenta Keiko Fujimori anunció que, en los próximos días, sostendrá una reunión con la presidenta del Poder Judicial. La mandataria hizo hincapié en que este acercamiento se realizará en absoluto respeto a la autonomía e independencia de los poderes del Estado, reafirmando el compromiso del Gobierno con el equilibrio democrático mientras se busca optimizar la operatividad de la justicia en beneficio de la población.
