El Gobierno Nacional ha decidido retirar el proyecto de reforma de la Ley de Tierras, una medida que buscaba flexibilizar las restricciones impuestas a la adquisición de propiedades rurales por parte de extranjeros. Esta decisión es interpretada como un retroceso significativo para el desarrollo agroindustrial del país, limitando la entrada de capitales necesarios para poner en valor vastas extensiones del territorio nacional.
La problemática se vuelve crítica al analizar la composición geográfica de Argentina, donde tres cuartas partes del territorio están clasificadas como zonas áridas o semiáridas. Para transformar estas tierras en áreas productivas, se requieren inversiones sustanciales y diversificadas, que abarcan desde la implementación de sistemas de riego avanzados hasta la recuperación de suelos degradados por la erosión. La postura de quienes priorizan la cuestión de la soberanía sobre la productividad y la propiedad privada parece ignorar que el capital nacional podría no ser suficiente para desarrollar millones de hectáreas en regiones como la Patagonia, Cuyo, el NOA o el oeste arenoso.
El sector forestal sirve como un ejemplo claro del retraso productivo. Mientras algunos sectores que rechazaron la reforma citaron el caso de una empresa chilena que posee más de 200.000 hectáreas en Misiones, la realidad es que Argentina exhibe uno de los mayores atrasos de la región en esta actividad agroindustrial. Países como Uruguay, Brasil y Chile han superado ampliamente a Argentina durante décadas, tanto en volúmenes de exportación y producción como en la superficie de bosques cultivados. Este fenómeno se remonta a casos como el de Botnia hace veinte años, donde una intensa campaña de rechazo basada en fantasmas que nunca se concretaron resultó en que los puestos de trabajo fueran generados en Uruguay y no en suelo argentino.
Existe también una contradicción en los datos utilizados para justificar las restricciones. Hace quince años, cuando el kirchnerismo impuso la ley, se sostuvo mediante una extensa campaña que el 20% del territorio nacional estaba en manos de empresas de otros países. Sin embargo, tras la aprobación y la reglamentación de la norma, se comprobó que el promedio nacional de propietarios extranjeros no superaba el 5%, cifra que se encuentra diez puntos porcentuales por debajo del límite del 15% fijado por la propia ley.
Desde una perspectiva económica, analistas como José Álvarez (@bumpercrop) han vinculado el origen de la ley de tierras con la implantación del cepo cambiario. Según este análisis, la imposición de regulaciones de este tipo provocó que el precio de la hectárea en la pampa húmeda experimentara una fuerte caída, evidenciando cómo la restricción a la propiedad afecta el valor de los activos. A este escenario se sumó el aumento exponencial de la presión impositiva mediante el incremento de los Derechos de Exportación (DEX) en aquel período, lo que aseguró la erosión del sistema. En este contexto, destaca la oposición a la reforma por parte del actual senador Martín Lousteau, quien fue el autor intelectual de la resolución 125 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
El rechazo a la inversión extranjera ignora además los movimientos actuales del tablero internacional y las oportunidades de desarrollo. Debido a las regulaciones impuestas por la Comunidad Europea a la producción agroindustrial, basadas en intenciones ambientales o de inocuidad alimentaria, diversas empresas del Viejo Continente ven en Argentina un punto de radicación atractivo para exportar hacia los países de la Unión Europea. Esto ocurre porque las normas de sanidad y calidad agroalimentaria argentinas tienen base científica, pero no llegan al extremo de las exigencias de los reguladores de Bruselas mediante el llamado “Pacto Verde”. Un ejemplo reciente de esta tendencia es la inversión de 14 millones de dólares realizada por el grupo español Vall Companys en el Grupo Pacuca de Argentina, buscando crecer tanto en el mercado interno como a nivel internacional.
Asimismo, el debate omite que el flujo de capitales es bidireccional y que existen empresas argentinas que invierten en el exterior. Un caso reciente es el de la familia Buratovich, que desde 2018 opera en Australia y hace unos meses invirtió 44 millones de dólares para adquirir unas 147.000 hectáreas ganaderas en el norte de Oceanía. En Australia, esta inversión no generó escándalo, reflejando una visión donde la libertad de comercio y el respeto a la propiedad privada son pilares fundamentales para construir una sociedad desarrollada.
Finalmente, se plantea que la simple protección de zonas de frontera o la participación del Estado en recursos estratégicos sería suficiente para resguardar los intereses nacionales. Cualquier restricción adicional, según se analiza, no buscaría el desarrollo, sino la implantación de un modelo de capitalismo de amigos y de negocios regulados.
