El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha manifestado su profunda preocupación por la situación actual de la ciudad tras la entrada masiva de personas desde Marruecos registrada el pasado 30 de julio. En declaraciones recogidas este sábado, tras la celebración de una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Ciudad, Vivas ha calificado el escenario presente como “absolutamente insostenible” y ha reclamado una intervención urgente y coordinada por parte del Gobierno central para resolver la crisis.
Uno de los puntos más críticos abordados por el mandatario ceutí ha sido la discrepancia en las cifras oficiales sobre el número de personas que permanecen en la ciudad. Mientras que el Gobierno central ha trasladado estimaciones que sitúan la cifra en torno a las 2.500 personas, Juan Vivas ha rechazado tajantemente estos datos, asegurando que sus propios cálculos sitúan la cantidad de personas presentes entre los 8.000 y los 11.000. Ante esta diferencia, el presidente ha exigido “transparencia en la comunicación” y ha solicitado una valoración real de la situación que permita implementar una respuesta proporcional a la magnitud del problema.
Vivas ha descrito una realidad alarmante en las calles de la ciudad, señalando que miles de personas se encuentran “deambulando por nuestras calles, por nuestras barriadas, en los montes, en las playas, sin techo, sin tener cubiertas sus necesidades básicas”. Según el presidente, este escenario no solo es humanitariamente complejo, sino que está generando una sensación de inseguridad, perturbando la vida cotidiana de los residentes y poniendo en grave riesgo la convivencia ciudadana.
Para el presidente de Ceuta, la única solución viable y la “única salida” para resolver este conflicto es el retorno inmediato de todas las personas que llegaron durante la avalancha del 30 de julio a través de la frontera del Tarajal hacia Marruecos. En un tono firme, Vivas ha advertido que quienes permanezcan en la ciudad deben tener claro que “aquí no va a haber papeles” ni se permitirán “salidas a la península”. El mandatario ha defendido que el retorno efectivo es la única “tabla de salvación” para Ceuta, ya que evitaría alimentar expectativas que podrían incentivar la repetición de episodios similares en el futuro, lo cual generaría una “incertidumbre insoportable” para la estabilidad y el desarrollo de la ciudad.
Para ejecutar este proceso de retorno con la celeridad necesaria, Juan Vivas ha solicitado al Gobierno central un refuerzo inmediato de los medios materiales y humanos destinados al área de extranjería. Paralelamente, ha planteado una demanda contundente en materia de seguridad: el despliegue de al menos mil agentes adicionales, distribuidos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Vivas ha cuestionado la insuficiencia del actual número de efectivos, sugiriendo que, dada la delicadeza del momento para Ceuta y para España, un despliegue de tal magnitud habría sido razonable para transmitir tranquilidad a la ciudadanía.
Si bien el presidente ha reconocido y valorado la labor desempeñada por el Ejército, la Policía Local y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha advertido que los propios agentes reconocen una “precariedad en cuanto al número de efectivos”. Por ello, ha pedido que se incremente notablemente la presencia policial en las calles y que el Ejército mantenga su despliegue en la ciudad como elemento fundamental de seguridad.
Finalmente, el presidente ceutí ha puesto el foco en el control de la frontera, subrayando que España debe garantizar plenamente la gestión de este límite territorial. Vivas ha sido enfático al afirmar que la frontera de Europa, de España y de Ceuta “no puede estar en manos de un país tercero”, exigiendo que España disponga de los medios necesarios para ejercer un control efectivo. Ha solicitado la aplicación de medidas preventivas, disuasorias y de reacción para blindar la frontera y evitar que se repitan entradas masivas.
La preocupación se ha intensificado ante la proximidad del 15 de agosto, fecha que genera temor entre la población local. Vivas ha admitido que la crisis del 30 de julio ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de la frontera y ha recordado que la Ciudad no posee la capacidad autónoma para evitar que una situación así vuelva a ocurrir, instando al Gobierno central a cumplir con su obligación y adoptar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan “ni dentro de unos días ni nunca”.
