La justicia de Venezuela ha determinado el cierre definitivo del proceso judicial seguido contra la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue considerada una presa política durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez. A través de un anuncio realizado este viernes por sus familiares, se confirmó que la exjueza ha recibido la libertad plena, poniendo fin a un largo periodo de restricciones legales y persecución judicial.
En un comunicado oficial emitido por Nelson Afiuni, hermano de la jueza, y Thelma Fernández, quien actúa como la representante legal de la familia, se afirmó que esta decisión judicial pone término de manera definitiva al proceso que se llevaba en su contra. Según el documento, esta resolución restituye plenamente su libertad y cierra formalmente un caso que, en palabras de sus defensores, "nunca debió existir".
El origen de este conflicto legal se remonta a diciembre de 2009, cuando la jueza Afiuni fue detenida tras haber otorgado la libertad bajo fianza a Eligio Cedeño, un banquero que era acusado de realizar operaciones cambiarias ilegales. Este acto desencadenó una reacción inmediata y pública por parte del entonces presidente Hugo Chávez, quien utilizó los medios de comunicación televisivos para calificar a la funcionaria de "bandida". En aquel momento, Chávez solicitó que se le impusiera la condena máxima de 30 años de prisión, bajo la acusación de que la jueza habría facilitado la fuga del empresario Cedeño, quien efectivamente salió del país.
El camino hacia la libertad de Afiuni fue prolongado y complejo. Tras su detención inicial, permaneció en prisión hasta el año 2011, momento en el cual fue trasladada a un régimen de arresto domiciliario. Posteriormente, en 2013, logró obtener la libertad condicional. Sin embargo, su situación jurídica volvió a complicarse en 2019, año en que fue condenada a una pena de cinco años de prisión bajo el cargo de "corrupción espiritual". Cabe destacar que la propia fiscalía reconoció en aquel entonces que la jueza no había obtenido ningún beneficio económico derivado de sus acciones.
Hasta el día de hoy, la jueza Afiuni se encontraba bajo una libertad condicional que implicaba severas limitaciones en su vida cotidiana y derechos civiles. De acuerdo con la información proporcionada por su familia, estas restricciones incluían la prohibición de abandonar la ciudad donde residía, la incapacidad de emitir declaraciones a la prensa o realizar publicaciones en redes sociales y la imposibilidad de ejercer su derecho al voto. Asimismo, se le había negado la expedición de un pasaporte y se encontraba inhabilitada políticamente.
El hermano y la abogada de la jueza describieron el cierre del expediente como el final de un "largo y doloroso capítulo", el cual estuvo marcado por graves violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. En el comunicado, subrayaron que Afiuni y su núcleo familiar soportaron las consecuencias de una persecución que superó el ámbito personal, convirtiéndose en un símbolo del deterioro de la independencia del sistema judicial en Venezuela.
Ambos expresaron su agradecimiento a todas las personas que apoyaron la causa con constancia y firmeza. No obstante, hicieron hincapié en que el cierre definitivo del expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara por sí solo los daños ocasionados a lo largo de los años. Asimismo, señalaron que el caso de María Lourdes Afiuni permanece como una advertencia para toda la región sobre los riesgos de utilizar el sistema de justicia como una herramienta de represalia contra aquellos funcionarios que ejercen sus labores con imparcialidad e independencia.
La defensa enfatizó que ningún juez debería volver a enfrentar situaciones de prisión, humillación, persecución o amenazas por el simple hecho de cumplir con su deber legal o aplicar estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Sostuvieron que la existencia de una justicia independiente es viable únicamente cuando los jueces pueden tomar decisiones libres de presiones, intimidaciones o represalias. En este sentido, manifestaron su confianza en que esta decisión impulse una reflexión necesaria sobre la reconstrucción de la independencia judicial en el país para evitar que hechos similares se repitan.
Paralelamente a los avances legales, la familia reveló que la salud de la jueza se ha visto seriamente comprometida. Durante el pasado fin de semana, Afiuni recibió atención médica de urgencia debido a un cuadro de hipertensión, vómitos y mareos. Tras los exámenes médicos, se detectó que la exjueza presenta tres lesiones tumorales en diferentes partes de su cuerpo.
Los familiares sostienen que el estado actual de salud de María Lourdes Afiuni es una consecuencia directa del prolongado proceso de persecución, la privación injusta de su libertad, las deficientes condiciones de reclusión que soportó y la falta de una atención médica oportuna durante su cautiverio. Ante esta situación de vulnerabilidad, la familia había urgido a las autoridades a adoptar una solución definitiva que eliminara las restricciones legales, permitiéndole acceder a la atención especializada necesaria y reunirse con su única hija.
Finalmente, el comunicado mencionó que meses atrás la familia había solicitado que la jueza fuera beneficiada por la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este contexto se enmarca en un periodo donde cientos de presos políticos han sido excarcelados y miles de personas han visto levantadas sus restricciones de libertad, proceso que ocurrió luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
