En un despliegue operativo coordinado entre la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se llevó a cabo la tarde de este 7 de agosto de 2026 el traslado masivo de 103 reclusos desde el centro penitenciario de Itagüí, ubicado en el departamento de Antioquia. Los internos, calificados como criminales peligrosos, fueron movilizados hacia diversas prisiones de máxima seguridad distribuidas en diferentes territorios del país.
Esta operación se desarrolló de manera simultánea a un evento político de alta relevancia: la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Durante su discurso de investidura, el mandatario anunció el inicio de una ofensiva contundente contra los grupos armados ilegales que operan en el territorio nacional. En el marco de este nuevo rumbo gubernamental, De la Espriella informó que en las próximas horas su administración expedirá un listado detallado de los grupos considerados narcoterroristas, con el objetivo de brindar a la fuerza pública los instrumentos legales y operativos eficaces para llevar a cabo un combate frontal contra el crimen organizado.
El presidente fue enfático al señalar la postura de su gobierno frente a las estructuras criminales, asegurando que “la opción del diálogo está completamente agotada”. Esta declaración marca un giro significativo en la estrategia de seguridad nacional, priorizando la acción militar y policial sobre las negociaciones.
La confirmación del operativo fue brindada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien señaló haber sido informado sobre la movilización de los 103 internos. Según el mandatario regional, los reclusos trasladados son jefes de estructuras criminales que han ejercido actividades delictivas en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. Entre los perfiles más destacados de los trasladados se encuentran alias Carlos Pesebre, ‘Douglas’ y ‘El Indio’.
Los destinos de los reclusos incluyen centros penitenciarios de alta seguridad en ciudades y municipios como Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y El Barne, entre otros puntos estratégicos del país, buscando así desarticular las redes de mando que mantenían desde el penal de Itagüí.
El traslado ocurre en un momento de fuerte cuestionamiento hacia la gestión de la cárcel de Itagüí, la cual llegó a ser denominada como un "resort criminal". Esta etiqueta surgió tras la revelación de una ostentosa fiesta vallenata organizada por los cabecillas de bandas delincuenciales dentro del penal. El evento contó con la presentación del cantante Nelson Velázquez, a quien presuntamente se le habrían pagado 100 millones de pesos en efectivo por su actuación.
A pesar de que los informes oficiales del Inpec reportaron en su momento que la situación se encontraba "sin novedad especial", los registros de seguridad y diversas denuncias confirmaron una realidad muy distinta. Se documentó el ingreso de licores, la instalación de tarimas y la asistencia de 138 invitados, de los cuales 80 eran mujeres. El escándalo puso en evidencia los privilegios excesivos dentro del penal, donde algunos internos habían remodelado sus celdas según sus preferencias personales; un ejemplo notable fue el caso de alias Douglas, quien habitaba un espacio con características similares a un apartamento.
A estas irregularidades se sumó el eco del polémico evento conocido como el "tarimazo" en Medellín. En dicha ocasión, el expresidente Gustavo Petro compartió escenario con figuras vinculadas a la Oficina de Envigado, específicamente alias Douglas, ‘Pesebre’ y ‘Lindolfo’. Durante aquel acto, los procesados fueron vistos utilizando gorras con la inscripción "Paz Urbana" y se ubicaron en posiciones cercanas a la cúpula ministerial y militar.
Ambos sucesos, la fiesta en la cárcel y el evento público con el anterior mandatario, generaron intensas críticas hacia la política de Paz Total implementada por el gobierno de Gustavo Petro. Los detractores de dicha política cuestionaron si se estaba legitimando a delincuentes que conservaban el control social y económico en las comunas de la ciudad.
Hasta el momento, aunque el gobernador Rendón ha confirmado la operación, el Inpec no ha hecho pública la identidad completa de los 103 delincuentes que fueron removidos de la cárcel de Itagüí para ser redistribuidos en los penales de máxima seguridad del país.
