Para Rosita Rodríguez, la construcción es mucho más que un empleo; es una herencia familiar y la vía principal hacia la estabilidad. La inmigrante nicaragüense, quien llegó a Estados Unidos a los 17 años solicitando asilo político con la esperanza de una vida mejor, encuentra en este sector el sustento de sus sueños. Sin embargo, su orgullo por pertenecer a este ámbito laboral convive con un temor constante, producto de las ofensivas migratorias que han marcado la administración del presidente Donald Trump.
Este testimonio personal refleja una contradicción estructural en el corazón de la economía estadounidense. Recientemente, los legisladores aprobaron la Ley de Vivienda del Siglo XXI, un proyecto bipartidista diseñado para combatir la crisis de asequibilidad de la vivienda en el país. En un contexto caracterizado por tasas hipotecarias elevadas y precios de inmuebles que rozan niveles récord, la normativa busca aumentar la oferta para aliviar la frustración de miles de ciudadanos que ven lejana la posibilidad de comprar una casa o enfrentan graves dificultades para pagar el alquiler mensual.
No obstante, la implementación de esta ley plantea una interrogante crítica: ¿quiénes se encargarán de construir esas viviendas? La respuesta reside en una fuerza laboral que se encuentra actualmente bajo una presión significativa. Jaime Rangel, director regional de relaciones gubernamentales de FWD, señala que uno de cada cuatro trabajadores de la construcción en el país es inmigrante. Además, más de 700,000 de estos trabajadores dependen de figuras legales como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La vulnerabilidad de estos trabajadores es evidente y afecta la operatividad del sector. El miedo a las redadas de agentes federales ha generado un clima de inseguridad que impacta la productividad. Rosita Rodríguez relata cómo, durante periodos de intensificación de las operaciones de ICE en Minnesota, muchos proyectos se paralizaron porque los trabajadores temían salir a la calle, incluso para cubrir necesidades básicas como comprar comida. Según Rodríguez, el miedo a ser arrestado es inmenso y permea no solo la construcción, sino también otros sectores como la restauración.
Desde el punto de vista estadístico, la dependencia de la industria hacia la población latina es masiva. George Carrillo, cofundador del Hispanic Construction Council (NHC), informó en septiembre de 2025 que 4.3 millones de latinos trabajan en la construcción, lo que representa el 52% de la fuerza laboral total. A pesar de esta presencia, la creación de empleos en el sector ha mostrado un crecimiento débil. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales indican que el empleo en la construcción creció menos del 2% entre mayo de 2024 y mayo de 2026.
Esta escasez de mano de obra tiene consecuencias directas en el bolsillo del consumidor final. Rangel advierte que, sin una fuerza laboral inmigrante que cubra los espacios vacantes y ayude a equilibrar los precios, el costo de los hogares en Estados Unidos podría aumentar más de un 6%. La falta de personal no solo ralentiza las obras —que podrían tardar meses cuando deberían completarse en semanas— sino que también encarece la fabricación de productos para el hogar, extendiendo el impacto económico más allá de la edificación.
Ante este escenario, expertos como Rangel sostienen que una reforma migratoria es urgente y esencial para la salud de la economía nacional. Advierte que, si el camino legislativo continúa impulsando leyes de vivienda sin integrar el factor migratorio, los ciudadanos estadounidenses podrían terminar pagando más de 2,000 dólares adicionales al año en costos asociados a su vivienda, sumado al incremento general en el precio de los inmuebles.
Como solución, se sugiere que el Congreso no necesita "inventar la rueda", ya que existen propuestas previas como la Ley Sueño y Promesa. Esta legislación permitiría que miles de "soñadores" y beneficiarios de DACA accedan a un estatus legal permanente, brindando la seguridad jurídica necesaria para sostener la industria de la construcción.
Mientras el debate legislativo continúa, personas como Rosita Rodríguez siguen trabajando bajo el sol y el miedo. Como mujer en un entorno predominantemente masculino, ha enfrentado desafíos adicionales: aprender el idioma, adaptarse a una cultura nueva y ganarse el respeto de sus compañeros. Para ella, el temor es una carga secundaria frente a la urgencia de sobrevivir y prosperar. "La realidad es que uno está aquí por un futuro mejor, entonces ni modo, hay que trabajar y hay que hacerlo, aunque sea con miedo", concluye.
