La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha emitido un pronunciamiento oficial en el que desmiente categóricamente que la salida de Augusto Rodríguez haya tenido alguna relación con el caso de Juliana Guerrero. El organismo sostuvo que el retiro de las medidas de seguridad de la exfuncionaria no fue una decisión singular ni arbitraria, sino que respondió a un procedimiento ordinario y legalmente establecido que se aplica a todas las personas que dejan un cargo público al finalizar la gestión de un gobierno, en este caso, el de Gustavo Petro.
Según la explicación brindada por la entidad, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, fue el funcionario encargado de informar al presidente Petro que el esquema de protección de la exfuncionaria del Ministerio del Interior sería levantado una vez que terminara su vínculo laboral con dicha cartera. La UNP aclaró que, para poder conservar las medidas de protección, Juliana Guerrero debe acreditar nuevamente su condición de activista política y lideresa social estudiantil, ya que esos eran los fundamentos originales de su cobertura antes de ingresar al cargo público.
La entidad enfatizó que este episodio ocurre en el marco del cierre de la administración actual. Al señalar que “hoy termina este Gobierno”, la UNP remarcó que todos los ministros, directores y demás servidores públicos que cuenten con esquemas de protección deben someterse exactamente al mismo proceso de transición. Por lo tanto, la institución subrayó que no se trató de una excepción ni de una medida dirigida específicamente contra una persona, sino de la aplicación rigurosa de un protocolo administrativo.
En su respuesta, la UNP detalló que este no es un procedimiento excepcional, sino el protocolo estándar que debe surtir cualquier persona protegida en calidad de funcionaria pública al dejar su cargo. Este proceso tiene como objetivo fundamental realizar la transición entre las diferentes poblaciones objeto de protección y adelantar el estudio correspondiente para determinar el nivel de riesgo actual del individuo, asegurando que la asignación de recursos sea coherente con la situación real del beneficiario.
Asimismo, la respuesta oficial incluyó una desmentida directa sobre cualquier posible intervención del jefe de Estado en este proceso. La UNP aseguró que no existió ninguna “orden presidencial” destinada a favorecer a Juliana Guerrero, ni hubo actuaciones orientadas a manipular la asignación de las medidas de protección. Bajo este criterio, la entidad reiteró que la continuidad de la seguridad no depende simplemente de la finalización del empleo público, sino de la capacidad del individuo para demostrar la calidad o condición de riesgo que justifique la protección fuera del ejercicio del cargo.
Respecto a Augusto Rodríguez, la UNP lo presentó como el funcionario que cumplió con su deber de comunicar la situación al presidente. El organismo insistió en que la decisión de levantar el esquema de Guerrero no estuvo atada a la renuncia de Rodríguez, calificando como “absolutamente falso” cualquier vínculo entre ambos hechos.
Por otra parte, el pronunciamiento de la UNP incluyó fuertes críticas hacia la revista Semana. La entidad acusó al medio de comunicación de no explicar el trámite normativo que rige para todos los funcionarios públicos protegidos y sostuvo que la publicación omitió deliberadamente el contexto legal del caso. Según la UNP, la revista reprodujo afirmaciones del dirigente sindical Wilson Devia sin haber verificado previamente los hechos con la institución competente, omitiendo además los antecedentes judiciales de Devia.
En este sentido, la UNP afirmó que la publicación de la revista Semana demuestra un afán por atacar tanto a la institución como al Gobierno nacional. El organismo insistió en que atribuir responsabilidad al presidente Petro por el cumplimiento de procedimientos legales carece de sustento, rechazando nuevamente la idea de que hubiera existido una instrucción presidencial para beneficiar a una persona en particular.
Finalmente, la Unidad Nacional de Protección afirmó que su actuación durante los últimos cuatro años se ha guiado por la transparencia, la objetividad en los estudios de riesgo, el respeto por la ley y la aplicación estricta de los procedimientos. Al cerrar su defensa, la entidad extendió este respaldo a la gestión del presidente Petro y a la de Augusto Rodríguez, concluyendo tajantemente que su gestión se ha realizado “sin excepciones ni privilegios para nadie”.
