La administración de Donald Trump ha presentado un plan detallado para desmantelar una parte significativa de las normativas federales que rigen Head Start, el programa histórico de educación inicial destinado a niños de bajos recursos en los Estados Unidos. La propuesta, publicada este jueves, busca transformar la estructura operativa de un sistema que actualmente brinda atención a aproximadamente 700.000 niños en todo el territorio estadounidense, incluyendo a menores con discapacidad, niños en hogares de guarda y menores que se encuentran en situación de calle.
De acuerdo con la información proporcionada por AP News, el gobierno ha establecido un período de 60 días para recibir comentarios públicos antes de que la medida entre en vigor, aunque se anticipa que el cambio podría enfrentar diversas impugnaciones judiciales. El núcleo de la reforma pretende desplazar el control desde el gobierno federal hacia las administraciones locales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sostiene que, si bien la cobertura del programa no se reduciría, el funcionamiento de los centros cambiaría drásticamente al reducirse las exigencias federales y otorgarse un mayor margen de decisión a los operadores locales.
La iniciativa del HHS prevé la eliminación de gran parte de las reglas que actualmente distinguen a Head Start de otros servicios de cuidado infantil convencionales. Entre los requisitos que podrían desaparecer se encuentran las exigencias de mantener una baja proporción entre el número de alumnos y el personal docente, el uso obligatorio de currículas respaldadas por evidencia científica y la obligación de brindar servicios complementarios diseñados para apoyar a las familias.
Alex J. Adams, secretario asistente del HHS, justificó estas medidas afirmando que la intención es proporcionar mayor flexibilidad a quienes operan el programa. Según Adams, los mandatos federales actuales pueden obstaculizar la toma de decisiones a nivel local, elevar los costos operativos y limitar el alcance general del programa. Asimismo, planteó que la implementación de esta regla podría resultar en un incremento de la cantidad de vacantes disponibles para los niños.
Actualmente, Head Start se rige por más de 100 páginas de regulaciones federales. Bajo el nuevo esquema propuesto, los 1.600 operadores de la red, que incluyen a distritos escolares y organizaciones sin fines de lucro, pasarían a guiarse principalmente por las licencias estatales y locales aplicables a guarderías y centros infantiles.
Por su parte, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., defendió la continuidad del programa, asegurando que el objetivo no es desarmarlo por completo. Kennedy calificó a Head Start como un programa que funciona para los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, enfatizando la importancia de protegerlo. El funcionario señaló que incluso intentó preservar esta política frente a diversos recortes que afectaron otras áreas de su cartera.
En términos financieros, el gobierno estima que esta desregulación permitiría generar un ahorro superior a los 2.000 millones de dólares. El plan prevé que estos recursos sean reinvertidos para ampliar la cantidad de niños atendidos por el sistema. Además, la propuesta incluye nuevas condiciones estrictas: se establece que la enseñanza debe ser obligatoriamente en inglés, con la única excepción de las comunidades tribales que cuenten con programas de inmersión en lenguas nativas.
La reforma también introduce cambios operativos y nutricionales. Se fija un tope del 5% para los gastos administrativos, reduciendo considerablemente el límite actual del 15%. Asimismo, se suman nuevas pautas nutricionales y se exige que los niños realicen 30 minutos de actividad física cada tres horas y media de jornada, siempre que las condiciones climáticas permitan realizarla al aire libre.
Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas en el ámbito de la educación inicial. Khari Garvin, quien fue responsable de Head Start durante la presidencia de Joe Biden, afirmó que la iniciativa vacía al programa de sus componentes esenciales, describiendo esta nueva versión como una "cáscara del programa" que diluye el modelo y podría afectar negativamente los resultados para los niños y sus comunidades.
En sintonía con esto, Shantel Meek, directora del Children’s Equity Project de la Arizona State University, advirtió que las normas estatales para guarderías suelen limitarse a condiciones básicas de salud y seguridad, omitiendo metas de aprendizaje, desarrollo infantil o trabajo integral con las familias. Un análisis comparativo resaltó que existen brechas profundas entre los requisitos estatales y los estándares federales actuales. Como ejemplo, en Mississippi, mientras que un docente de Head Start puede atender hasta cuatro niños de 2 años, la regulación estatal permitiría que un solo adulto supervise hasta 12 niños de esa misma edad.
El programa Head Start fue creado en la década de 1960 como parte de la estrategia contra la pobreza del presidente Lyndon B. Johnson y mantuvo durante décadas un apoyo bipartidista. No obstante, ha enfrentado amenazas recientes bajo la gestión de Trump. Russell Vought, jefe de presupuesto, ya había sugerido la posibilidad de eliminarlo en el pasado. Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca a comienzos de 2025, algunos centros sufrieron cierres temporales por dificultades en el acceso a fondos federales y un borrador presupuestario llegó a quitar el financiamiento, aunque dicha medida fue revertida tras una reacción adversa.
A pesar de que Robert F. Kennedy Jr. insistió en la eficacia del programa citando estudios sobre mejores trayectorias escolares y laborales de sus egresados, el gobierno despidió el año pasado a gran parte del personal de apoyo de Head Start y cerró la mitad de sus oficinas regionales. El futuro de la reforma dependerá ahora del proceso de consulta pública de 60 días.
