El Gobierno de México ha puesto en marcha una iniciativa para reformar el denominado "derecho de las audiencias" dentro de los medios audiovisuales del país. Esta propuesta busca instaurar una serie de nuevas obligaciones para los medios de comunicación radiales y televisivos, fundamentando la medida en la necesidad de garantizar la veracidad de la información y mejorar la calidad ética del ejercicio periodístico en el territorio nacional.
De acuerdo con el proyecto de lineamientos de la Ley de Medios, el objetivo central es establecer una distinción clara y explícita entre los contenidos de información, los de opinión y la publicidad. La administración actual, encabezada por la presidenta mexicana, sostiene que el propósito fundamental de estas medidas es erradicar la difusión de mentiras en los medios de comunicación, asegurando que la ciudadanía reciba datos precisos y transparentes.
Entre las exigencias concretas que contempla el proyecto, se encuentra la obligatoriedad de que los medios de comunicación elaboren un código de ética interno. Asimismo, se prevé la designación de un defensor de las audiencias, una figura encargada de atender y gestionar las quejas presentadas por los usuarios en casos donde se considere que la información difundida es falsa o inexacta.
Sin embargo, estas medidas han generado una fuerte reacción entre diversos sectores y organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Balbina Flores, representante de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras en México, ha señalado que, aunque la intención de mejorar el derecho de las audiencias podría parecer positiva, el proyecto presenta limitaciones críticas en su redacción y enfoque.
Flores advirtió que la forma en que están redactados los lineamientos resulta poco clara y potencialmente peligrosa. Específicamente, criticó el uso de términos prohibitivos en relación con la información veraz. Según la representante de la ONG, el Estado no posee la facultad de "prohibir" en materia de información; en su lugar, la redacción debería orientarse hacia la obligación de los medios de promover la veracidad. Para Flores, el uso de palabras como "queda prohibido" es un indicio claro de que la ley podría derivar en un mecanismo de censura.
La representante de Reporteros Sin Fronteras subrayó que México atraviesa una situación compleja donde existe una tendencia hacia la regulación que, en realidad, podría esconder una intención de control. Según su análisis, el objetivo subyacente no sería solo regular la información, sino controlar la crítica dirigida hacia los gobiernos estatales, locales y federales.
Uno de los puntos más polémicos del texto es la implementación de sanciones económicas. En casos extremos de litigio entre un televidente u oyente y un medio de comunicación por la difusión de noticias falsas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones Mexicana tendría la potestad de aplicar multas que podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos del medio sancionado.
Esta medida ha puesto bajo la lupa la naturaleza de la Comisión Reguladora. Aunque en los lineamientos se describe como un órgano autónomo de telecomunicaciones, Balbina Flores cuestionó dicha autonomía, argumentando que, en la práctica, los integrantes de dicha institución dependen de los nombramientos realizados por la propia entidad gubernamental.
Por su parte, otros expertos en medios de comunicación coinciden en que, si bien el objetivo general de la ley es positivo, es imperativo que el proyecto defina con total precisión qué constituye una "información falsa". La falta de una definición técnica y clara podría convertir esta normativa en una herramienta utilizada por el gobierno para eliminar o borrar informaciones críticas que resulten incómodas para la administración pública.
Actualmente, el reglamento de la ley de medios se encuentra en un proceso de consulta ciudadana, el cual incluye la participación de especialistas y de los propios concesionarios de los medios. Este periodo de consultas se extenderá hasta el próximo 21 de agosto, fecha posterior a la cual se publicará la versión final del documento en la gaceta oficial para su entrada en vigor.
