El conflicto que paralizó el movimiento portuario en todo el territorio argentino llegó a su fin mediante una negociación centrada estrictamente en el aspecto económico. Tras días de tensión y un bloqueo efectivo del comercio exterior, el Gobierno Nacional decidió dar marcha atrás con su plan de desregulación del sector y optó por un camino inverso: pactar una reducción en las tarifas de los prácticos para restablecer la operatividad de los buques.
La fuerza de los asistentes de navegación fue determinante en el desenlace. En poco más de cuatro días, lograron frenar el flujo comercial del país con el resto del mundo, provocando sobrecostos significativos para las empresas importadoras y exportadoras. La medida generó un colapso en los pozones del Río de la Plata, donde las embarcaciones debieron aguardar antes de ingresar a los puertos, y obligó a diversas compañías marítimas a reconsiderar sus rutas para evitar pasar por Argentina debido a la imposibilidad de operar sus cargas.
El desenlace se comunicó desde la Casa Rosada a última hora de la tarde, informando que se alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje. Este pacto contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de los buques.
El origen de la crisis se remonta al pasado viernes, con la publicación del decreto 690. Esta norma, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado liderado por Federico Sturzenegger, buscaba eliminar los cupos, abrir la contratación libre y fijar tarifas de mercado bajo la premisa de reducir el llamado "costo argentino". Sin embargo, los profesionales del sector denunciaron que el régimen fue implementado sin ningún acuerdo previo.
La respuesta de los prácticos, pilotos y baqueanos fue inmediata y quirúrgica. Desde la madrugada del domingo, dejaron de aceptar nuevos servicios. Al tratarse de profesionales independientes y no de un sindicato formal, no se trató de un paro gremial, sino de una decisión coordinada que logró paralizar el 80% del comercio exterior argentino en apenas 72 horas. El impacto fue masivo: más de 140 buques quedaron varados desde Ushuaia hasta Timbúes, mientras que diversas cargas fueron desviadas hacia puertos de Montevideo y Brasil. Ante esto, la Prefectura Naval Argentina respondió con intimaciones a 500 profesionales y la amenaza de penas carcelarias basadas en los artículos 190 y 194 del Código Penal.
Para destrabar la situación, el Gobierno realizó una concesión fundamental: la suspensión total de la aplicación del decreto de desregulación. De este modo, vuelve a regir el reglamento de 1991. Además, se acordó la conformación de una mesa de trabajo coordinada por el Gobierno, con participación de las áreas de Seguridad y Defensa, para revisar los puntos de la normativa de desregulación.
Desde el ámbito oficial, se justificó la iniciativa original argumentando que el costo del practicaje se había convertido en el rubro de ingreso más caro de los puertos, superando incluso a los remolcadores. Funcionarios señalaron que los honorarios son elevados comparados con otros países de la región y que se ven agravados por costos adicionales, como la embarcación que traslada a los prácticos hacia el buque. Asimismo, sostuvieron que el sistema de listado cerrado impide el ingreso de nuevos integrantes, cerrando la oferta y permitiendo que se impongan los precios a una demanda cautiva.
A pesar de la estrategia del Gobierno, el resultado evidenció errores de cálculo operativos. Inicialmente, la Prefectura Naval Argentina aseguró que tenía la capacidad operativa para enfrentar emergencias puntuales, pero no previeron una paralización total y coordinada de la actividad. Por otro lado, se esperaba que las navieras aprovecharan la apertura jurídica del decreto para operar bajo el nuevo régimen, pero estas prefirieron mantener los buques quietos por temor a siniestros que pudieran invalidar sus coberturas de seguro.
La apertura del mercado, que eliminaba el cupo y permitía la entrada de barcos más grandes sin prácticos, estuvo vigente solo cuatro días. En ese lapso, no se inscribió un solo nuevo práctico y no se generó competencia real. El conflicto, que comenzó y terminó por una cuestión de dinero, deja al sector bajo la vigencia del reglamento de 1991 mientras se retoman las tareas en los puertos y las embarcaciones acumuladas en la zona de Recalada comienzan a fluir nuevamente.
