A tan solo tres días de la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda que pone en entredicho el traslado de la sede del Congreso a la capital del Valle del Cauca. Ante este escenario, el organismo judicial ha ordenado a diversas autoridades la entrega urgente de información detallada antes de determinar si se decreta una medida cautelar que podría afectar la organización del evento.
La controversia legal surge a partir de una acción popular interpuesta por el ciudadano David Fernando Cano. Según el demandante, el cambio de sede para el acto de posesión podría vulnerar diversos derechos e intereses colectivos, haciendo especial énfasis en la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la transparencia, la legalidad del gasto y la seguridad pública. Cano sostiene que las autoridades involucradas amenazan estos derechos al permitir la ejecución del traslado sin que exista información pública, completa, verificable y certificada sobre los acuerdos formales entre las cámaras, los costos operativos, la logística, la gestión del riesgo y el soporte presupuestal necesario.
Si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aún no ha emitido una orden de suspensión del acto, sí ha requerido formalmente al Congreso y a las entidades relacionadas para que remitan los documentos y explicaciones pertinentes. Esta solicitud de información es el paso previo y necesario para que el Tribunal resuelva la solicitud de medida cautelar de urgencia presentada en la demanda.
Dentro de las pretensiones específicas de la acción popular, se solicita que se ordene la publicación de los acuerdos mediante los cuales se decidió trasladar la sede del Congreso a Cali. Asimismo, el demandante pide que se certifiquen los costos totales del evento y que las autoridades se abstengan de ejecutar recursos públicos adicionales mientras no se demuestre fehacientemente la necesidad, la proporcionalidad y la legalidad de dicho gasto.
Por su parte, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha salido en defensa de la elección de Cali como sede para la ceremonia del próximo 7 de agosto. El mandatario electo insistió en que se trata de una investidura austera y aseguró que el costo será inferior a la mitad de lo que costó la posesión presidencial celebrada hace cuatro años.
Sin embargo, los datos disponibles en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) presentan un panorama distinto. La información indica que el Gobierno saliente dejó en firme, el pasado 25 de julio, los contratos destinados a la organización y transmisión del evento. El valor conjunto de estos contratos asciende aproximadamente a 5.950 millones de pesos, una cifra que representa cerca de 950 millones de pesos más que el costo de la posesión de Gustavo Petro en 2022. No obstante, el análisis aclara que, si se ajusta esta cifra a la inflación, el costo total sería un 12% menor.
Ante estas cifras, De la Espriella aclaró que dichos contratos fueron estructurados por la administración saliente, dado que él aún no ejerce funciones oficiales como presidente. El mandatario electo manifestó que, de haber dependido de él, tampoco se gastaría ese dinero, y añadió que ya ha dado instrucciones precisas al secretario general de la Presidencia para ahorrar la mayor cantidad de recursos posibles y evitar la ejecución total del presupuesto asignado.
A los costos de organización se suman los gastos de desplazamiento de los congresistas. El Congreso informó que los tiquetes aéreos serán cubiertos con recursos públicos, lo que podría representar un gasto adicional de entre 300 y 600 millones de pesos. Es probable que esta cifra se reduzca, ya que se ha confirmado que la bancada del Pacto Histórico no asistirá a la ceremonia y los congresistas del Centro Democrático han señalado que asumirán sus pasajes y gastos personales con recursos propios.
Finalmente, Abelardo de la Espriella destacó el beneficio económico que el evento traerá para la ciudad de Cali. Según sus proyecciones, la ceremonia generará un impacto económico cercano a los 10.000 millones de pesos, impulsando sectores como el hotelero, gastronómico, turístico, comercial, logístico y de servicios. Se espera la llegada de aproximadamente 6.000 visitantes, entre los que se encuentran jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, autoridades y representantes de medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.
