El malestar ciudadano derivado del incremento constante en las facturas de energía eléctrica y la lentitud en la resolución de los reclamos administrativos ha impulsado un nuevo movimiento legislativo en Panamá. Ante este panorama, diversas organizaciones de consumidores han anunciado su decisión de presentar nuevamente un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, con el objetivo primordial de modificar la legislación que regula el servicio de distribución eléctrica en el país.
Esta iniciativa surge como una respuesta directa a las dificultades que enfrentan los usuarios al intentar resolver controversias con las empresas distribuidoras. Según han manifestado los proponentes, los procesos actuales para atender las quejas son excesivamente prolongados, lo que ha reavivado el debate sobre la urgencia de actualizar el marco legal vigente para garantizar una atención más expedita y una mayor transparencia en el sector.
Giovanni Fletcher, quien se desempeña como presidente del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores (Ipadecu), ha detallado que este proyecto de ley no es una propuesta nueva, sino que ha sido presentada en reiteradas ocasiones ante la Asamblea Nacional sin que hasta la fecha se haya logrado un avance concreto. No obstante, la persistencia de las fallas en el servicio y la insatisfacción de los usuarios han motivado a los defensores del consumidor a insistir en su aprobación.
La propuesta legislativa se fundamenta en dos reformas estructurales al marco legal del servicio de distribución eléctrica. La primera de ellas se centra en la creación de un sistema de arbitraje de consumo. Este mecanismo está diseñado para resolver las controversias entre los usuarios y las empresas distribuidoras a través de una audiencia única. De acuerdo con las explicaciones de Fletcher, la implementación de este sistema permitiría reducir drásticamente los tiempos de espera, los cuales, en la actualidad, pueden extenderse por varios años debido a la compleja sucesión de trámites administrativos y procesos judiciales.
Además, el sistema de arbitraje buscaría que el pago de indemnizaciones sea más ágil. Esto impactaría directamente en los casos donde los usuarios han sufrido daños en sus electrodomésticos debido a fallas eléctricas o han sido víctimas de cobros indebidos en sus facturas, permitiendo que las compensaciones económicas se ejecuten de forma más expedita que en el modelo actual.
La segunda reforma planteada consiste en la creación de un consejo asesor integrado dentro de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep). Este consejo estaría conformado por representantes de los consumidores y otros sectores relevantes, con el propósito de que puedan participar activamente en la discusión de las decisiones regulatorias antes de que estas sean adoptadas formalmente. Fletcher ha subrayado que existe una carencia de representación real para los consumidores, tanto pequeños como grandes, en el proceso de toma de decisiones que afectan la prestación del servicio.
Mirando hacia el futuro cercano, el proyecto de ley también pone la mira en el año 2028, fecha en la cual está previsto el proceso de renovación de las concesiones de las empresas distribuidoras de electricidad. Fletcher sostiene que es fundamental que el marco legal incorpore herramientas que otorguen al Estado una mayor firmeza para actuar frente a los incumplimientos de las concesionarias.
En este sentido, el dirigente aclaró que, si bien la Asep ya posee las facultades necesarias para fiscalizar el servicio, existe un vacío legal que impide tomar medidas más drásticas. La propuesta busca que la legislación contemple la posibilidad de resolver unilateralmente las concesiones en aquellos casos donde se comprueben incumplimientos graves en la prestación del servicio eléctrico, asegurando así que las empresas cumplan con los estándares exigidos.
Finalmente, Fletcher adelantó que el proyecto será depositado nuevamente en la Asamblea Nacional, con la esperanza de que sea integrado en las discusiones generales sobre las reformas al sector eléctrico. El dirigente cerró su intervención enfatizando la necesidad y urgencia de que los consumidores tengan una participación real y un control sobre los servicios públicos que afectan su calidad de vida.
