La tarde del pasado domingo 2 de agosto, las instalaciones de la televisora del Estado, Canal Once, fueron liberadas tras haber permanecido ocupadas desde el 21 de mayo por miembros de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El grupo de manifestantes mantenía la toma del inmueble como una medida de presión para exigir diversas mejoras institucionales. Sin embargo, la recuperación del espacio ha generado una fuerte polémica debido a que existen dos versiones totalmente contradictorias sobre el desarrollo de los hechos.
Por una parte, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sostuvo que el proceso de recuperación fue pacífico. Durante la conferencia matutina, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que la Dirección General del canal, encabezada por Renata Turrent, coordinó el ingreso del personal a las instalaciones sin que se reportaran conflictos. De acuerdo con la versión oficial, al momento de la entrada solo se encontraban seis jóvenes en el inmueble, quienes fueron invitados a retirarse voluntariamente, asegurando que no se registraron incidentes ni enfrentamientos físicos.
Como parte del protocolo posterior al ingreso, las autoridades notificaron al Ministerio Público y a un notario público para que certificaran el estado físico de las instalaciones. Mario Delgado adelantó que, tras una primera inspección visual, se detectaron posibles afectaciones en el acervo audiovisual y la videoteca de la emisora. El reporte de la SEP señaló el hallazgo de material roto en el suelo y desorden en el área de archivos, razón por la cual se han iniciado investigaciones para determinar el impacto real y la magnitud del daño al patrimonio audiovisual del canal. Asimismo, el funcionario cuestionó que la ocupación se haya prolongado por más de dos meses, argumentando que las demandas de los estudiantes pertenecen al ámbito académico del IPN y no tienen relación con la operatividad de la televisora pública.
En contraste, integrantes del movimiento estudiantil rechazaron categóricamente la versión gubernamental. Brenda, estudiante de la Escuela Superior de Medicina del IPN y vocera del plantón, relató en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL que los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la tarde y fueron violentos. Según su testimonio, la incursión comenzó con la llegada de autobuses y vehículos de tránsito que transportaban a aproximadamente 100 personas vestidas de civil. Un grupo de 15 alumnos que realizaban labores de mantenimiento fue sorprendido por este contingente que irrumpió en el lugar.
La vocera explicó que, aunque intentaron establecer un diálogo inicial para evitar el conflicto, recibieron respuestas violentas. Los estudiantes denunciaron haber sido víctimas de empujones, agresiones físicas, rasguños y sometimientos en el acceso principal. Además, aseguraron que el personal ingresó a los espacios cerrados sin permitirles recuperar sus pertenencias personales, reportando la pérdida de teléfonos celulares, carteras, dinero en efectivo, credenciales oficiales, prendas de vestir y equipo de trabajo escolar.
Los manifestantes también denunciaron haber sufrido intimidaciones verbales, burlas y que fueron grabados forzadamente en sus rostros. Brenda señaló que se le impidió salir por los accesos principales, siendo obligada a retirarse a través de una reja colindante hacia la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB). Según el relato, la persecución continuó en los puentes interconectores del casco de Santo Tomás, donde presuntos trabajadores bloquearon el paso y agredieron a los alumnos. Posteriormente, denunciaron el corte de agua potable y energía eléctrica en las instalaciones de Ciencias Biológicas como una estrategia de presión.
Respecto a los presuntos daños a la videoteca, los estudiantes negaron rotundamente haber afectado el acervo histórico. La representación del plantón afirmó que los sellos de resguardo colocados desde mayo permanecieron intactos, subrayando que los alumnos nunca ingresaron a los foros de grabación ni a los archivos, limitando su estancia a las puertas de acceso exterior.
La ocupación, iniciada el 21 de mayo, surgió ante la falta de acuerdos entre las autoridades del IPN y la comunidad universitaria. Los estudiantes aclararon que el objetivo no era el canal en sí, sino utilizar el espacio para exigir la transmisión pública de sus comunicados y la creación de mesas de trabajo transparentes. Entre sus demandas principales destacan la salida del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y su equipo de trabajo por deficiencias en la gestión; la asignación de recursos auditables para infraestructura y laboratorios; y la eliminación de la Coordinación de Prevención y Seguridad del IPN, a la que acusan de ser un grupo de intimidación.
A pesar de los sucesos en Canal Once, los representantes estudiantiles confirmaron que asistirán a las mesas de negociación programadas con la SEP y autoridades federales. Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad politécnica y a los aspirantes de nuevo ingreso a mantenerse informados y continuar exigiendo una educación digna y de calidad.
