El Gobierno Nacional ha decidido introducir modificaciones al proyecto de ley denominado de inviolabilidad de la propiedad privada con el objetivo de evitar el rechazo del capítulo que busca flexibilizar los límites actuales para la venta de tierras productivas a personas físicas o jurídicas extranjeras. Tras intensas presiones de sectores de la oposición dialoguista, el Ejecutivo dará luz verde a la implementación de un techo para evitar que la propuesta fracase en el Senado, donde se prevé que la discusión se reanude este jueves.
Según confirmaron fuentes legislativas, la Casa Rosada cedió ante las demandas de los bloques aliados y establecerá un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental para la adquisición de tierras productivas por parte de extranjeros. Este porcentaje funcionará como un límite máximo, habilitando que las provincias puedan reglamentar topes inferiores a dicha cifra si así lo consideran necesario. Esta medida representa un cambio significativo respecto a las versiones anteriores del proyecto, que pretendían eliminar cualquier restricción a la compra de tierras.
Actualmente, la Ley de Tierras vigente, sancionada en diciembre de 2011, establece un límite máximo del 15% del territorio nacional, provincial o departamental para la enajenación a extranjeros. Asimismo, la normativa actual dispone que ninguna persona física o jurídica puede poseer más del 30% del cupo permitido. Con el nuevo planteo oficialista, el límite subiría al 25%, permitiendo que hasta un cuarto del territorio nacional pueda quedar en manos extranjeras.
Los cambios serán anunciados formalmente este martes a las 16 horas en una conferencia de prensa. En el encuentro participarán la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, junto a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez. La redacción final de estas modificaciones fue el resultado de conversaciones arduas mantenidas con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Desde el ámbito parlamentario se estima que, con estas concesiones, el Gobierno lograría asegurar entre 38 y 40 votos para aprobar el controvertido capítulo de la Ley de Tierras. Esta estrategia es vital para la Libertad Avanza, que cuenta con 21 senadores propios y depende estrictamente del apoyo de la oposición dialoguista para alcanzar mayorías. En este esquema, el respaldo de la UCR, con sus 10 escaños, y de Pro, con tres legisladores, resulta fundamental.
A este núcleo de apoyo se suman diversos bloques pequeños de fuerzas provinciales de Salta, Neuquén y Misiones, además de peronistas disidentes de Corrientes y Tucumán, y una legisladora radical de Chubut. No obstante, el Gobierno no contará con el apoyo de los peronistas críticos de Córdoba, Jujuy y Catamarca, representados por Alejandra Vigo, Carolina Moisés y Guillermo Andrada, respectivamente, ni de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
El giro en la postura oficial responde al creciente rechazo social y a la pérdida de apoyo en bloques clave. En Misiones, la presión sobre los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, comenzó a influir en la postura de la bancada. Por otro lado, sectores radicales manifestaron una fuerte resistencia basada en la preocupación por la vulneración de la integridad territorial y la soberanía nacional. A esto se suma la ausencia programada por razones de salud de un legislador del bloque conducido por Eduardo Vischi.
Además de la resistencia legislativa, el proyecto ha enfrentado la oposición activa de la Iglesia Católica y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha mantenido una postura contraria a la extranjerización de tierras, marcando así una distancia con la gestión de Javier Milei. El descontento social se manifestará este jueves a través de una movilización de organizaciones no gubernamentales y partidos políticos frente al Congreso.
Cabe destacar que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada es extenso y abarca otros puntos críticos. Entre ellos, busca acelerar los procesos de desalojo por ocupaciones, usurpaciones o falta de pago, modificar los requisitos para que el Congreso vote expropiaciones e introducir cambios en la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por siniestros.
Finalmente, respecto a las empresas con participación de estados extranjeros en su capital, el proyecto propone un sistema de “doble conforme”. Esto implicará que cualquier operación requiera la autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente, quedando sujeto a la reglamentación posterior y a la facultad de las provincias de definir los organismos públicos encargados de otorgar dicha autorización.
