El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó este lunes mantener la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exdiputado Joaquín Lavín León. La resolución judicial implica que el exparlamentario deberá continuar cumpliendo su privación de libertad en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, lugar donde se encuentra recluido desde el pasado 8 de mayo.
La decisión del tribunal se produjo tras el desarrollo de una audiencia solicitada por la defensa técnica del imputado. El abogado Cristóbal Bonacic, representante legal de Lavín León, presentó una solicitud formal ante la instancia judicial con el objetivo de revertir la máxima cautelar y lograr que su representado pudiera enfrentar el proceso en libertad o bajo medidas menos restrictivas. No obstante, luego de analizar los planteamientos expuestos, el tribunal desestimó los argumentos presentados por la defensa y ratificó que la prisión preventiva debe permanecer vigente.
La situación jurídica del exdiputado es compleja, debido a que el Ministerio Público ha procedido a formalizar a Lavín León por una multiplicidad de causas penales. Entre los cargos más graves que se le imputan destaca su presunta participación como autor del delito de fraude al Fisco. Según las estimaciones preliminares entregadas por la Fiscalía, el perjuicio económico causado al Estado sería de aproximadamente 240 millones de pesos.
Además de la acusación por fraude al erario público, la investigación fiscal incluye otros delitos de carácter financiero y documental. Específicamente, el exlegislador ha sido imputado por los delitos de falsificación y el uso malicioso de instrumento privado mercantil, cargos que forman parte del conjunto de irregularidades que se investigan en torno a su gestión y actividades.
Más allá de los delitos financieros, el Ministerio Público lidera una investigación que vincula al exdiputado con el ámbito electoral. En este sentido, se le imputa el uso malicioso de datos electorales, un ilícito que estaría directamente asociado a la utilización de una plataforma digital denominada SocialTazk. Esta arista de la investigación busca determinar cómo se manejó dicha información y cuáles fueron los fines de la utilización de esta herramienta tecnológica.
De manera paralela a los cargos mencionados, existe una indagatoria adicional que apunta a un eventual tráfico de influencias. Esta línea de investigación se centra en las acciones que el exparlamentario habría realizado durante el período en que su cónyuge, Cathy Barriga, se desempeñaba como máxima autoridad en la administración de la Municipalidad de Maipú. La Fiscalía busca establecer si Lavín León utilizó su posición o vínculos para obtener beneficios o influir en decisiones administrativas durante la gestión municipal de su pareja.
En resumen, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha considerado que, pese a los esfuerzos de la defensa liderada por Cristóbal Bonacic, no existen elementos suficientes para modificar la situación procesal del imputado. De esta manera, Joaquín Lavín León seguirá bajo custodia en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber mientras avanzan las diversas investigaciones que enfrenta, las cuales abarcan desde el fraude al Fisco y la falsificación de instrumentos mercantiles, hasta el mal uso de datos electorales a través de SocialTazk y el presunto tráfico de influencias vinculado a la Municipalidad de Maipú.
El tribunal ratificó así la máxima cautelar, manteniendo el criterio de que la prisión preventiva es la medida adecuada para el desarrollo de las indagatorias conducidas por el Ministerio Público en las diversas causas que afectan al exlegislador.
