El Gobierno nacional se encuentra enfrentando su primer conflicto significativo derivado de las políticas de desregulación impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La disputa se originó inmediatamente después de la entrada en vigencia de un decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una medida diseñada con el objetivo de reducir los costos portuarios y fomentar la competencia en el sector. Como respuesta, los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país han resuelto interrumpir la prestación de sus servicios por tiempo indeterminado, implementando un inédito boicot para evitar que la nueva normativa sea aplicada.
La medida de fuerza adoptada por los profesionales afecta un eslabón crítico del comercio exterior argentino. Los prácticos son los especialistas encargados de asesorar a los capitanes de los buques durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos. Debido a las características geográficas de los accesos portuarios y de la Hidrovía, esta tarea es obligatoria en gran parte de la navegación comercial del país, lo que convierte la huelga en un riesgo directo para la operatividad logística.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, se enmarca en una estrategia gubernamental orientada a disminuir el denominado “costo argentino”. Desde la visión oficial, se busca eliminar regulaciones que restringen la competencia y encarecen la actividad económica general. Esta nueva reglamentación deroga un régimen que estaba vigente desde 1991 y elimina diversos requisitos que el Ejecutivo considera obsoletos.
Entre las modificaciones más relevantes, la norma establece la creación de un registro abierto de prácticos habilitados, el cual será administrado por la Prefectura Naval. Asimismo, permite que los usuarios puedan contratar libremente a los prestadores y elimina las restricciones previas para el ingreso de nuevos profesionales al sector. En materia económica, el decreto dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) sea la encargada de fijar tarifas máximas para el servicio, obligando además a la publicación de los precios para favorecer la transparencia y la competencia.
Otro punto central de la reforma es la eliminación de la segmentación geográfica, que anteriormente obligaba a realizar cambios de práctico durante un mismo recorrido. La norma también flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que ciertos buques quedan exceptuados de la contratación obligatoria del servicio y establece mecanismos para asegurar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.
Al anunciar la reforma, el ministro Federico Sturzenegger fue tajante al señalar que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”. El funcionario argumentó que el sistema anterior había creado barreras de entrada para nuevos prestadores, lo que redujo la competencia y elevó los costos logísticos del comercio exterior. Además, explicó que la reforma amplía las dimensiones de los buques que requieren obligatoriamente un práctico y crea áreas donde ya no será necesaria dicha asistencia.
Sin embargo, el sector profesional ha reaccionado con vehemencia. Según fuentes privadas, los prácticos, pilotos y baqueanos acordaron dejar de prestar servicios a bordo de cualquier buque, ya sea argentino o extranjero, desde el pasado domingo y por tiempo indeterminado, hasta que el Poder Ejecutivo suspenda la aplicación del Decreto 690/2026.
Los profesionales fundamentan su decisión en que la normativa modifica aspectos esenciales de la seguridad de la navegación. Cuestionan específicamente la ampliación de las exenciones al uso obligatorio de prácticos y la posibilidad de que capitanes extranjeros acrediten el conocimiento de la zona mediante una declaración jurada para navegar sin asesoramiento profesional. También objetan los cambios en las condiciones de embarque y desembarque. Debido a esto, han anticipado la presentación de una denuncia penal contra los funcionarios firmantes del decreto, alegando que la regulación pone en riesgo la seguridad marítima.
Las consecuencias ya son visibles en la actividad portuaria. Se reportó que el buque de transporte pesado White Marlin, pieza clave para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), debió suspender sus maniobras. La embarcación permanece fondeada fuera del puerto ante la falta de un práctico para ingresar, lo que ha provocado demoras en el inicio de operaciones previstas para el tendido de infraestructura submarina.
Ante este escenario, la Prefectura Naval Argentina ha comenzado a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados, exigiéndoles que retomen la prestación del servicio de manera inmediata y sin condicionamientos. La autoridad marítima recordó que el practicaje es un servicio público regulado por el artículo 99 de la Ley de Navegación.
En sus comunicaciones, la Prefectura advirtió que cualquier interrupción de la actividad podría derivar en sumarios administrativos y denuncias penales de oficio. El documento hace referencia explícita al artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de dos a ocho años de prisión para quienes ejecuten actos que pongan en peligro la seguridad de una nave, encuadrando la omisión del servicio en los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte. A pesar de esto, el gremio mantiene su postura, abriendo un nuevo frente de conflicto en la agenda desreguladora del Gobierno.
