Tras la finalización del receso invernal, se ha reactivado un reclamo persistente en el sector docente de Catamarca. Numerosos maestros y profesores de diversos niveles educativos denuncian que llevan meses, y en algunos casos años, sin percibir los haberes correspondientes al trabajo ya realizado. La problemática se centra en las demoras excesivas en las altas administrativas, un trámite esencial para el cobro de salarios, que afecta tanto a quienes están en ejercicio como a quienes cubrieron suplencias que ya han finalizado.
Los trabajadores coinciden en señalar un marcado "destrato" por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Trabajo, manifestando que resulta prácticamente imposible acceder a los funcionarios responsables. Aquellos docentes que finalmente lograron cobrar sus haberes relatan que el proceso fue agotador, requiriendo hasta tres meses de gestiones que incluyeron visitas semanales al Centro de Atención al Ciudadano (CAPE) para insistir en el avance de sus expedientes. Ante esta situación, un grupo de docentes autoconvocados ha solicitado al Gobierno provincial la firma inmediata de todas las altas que se encuentran demoradas.
Para visibilizar la gravedad de la situación, se han recopilado testimonios reales bajo nombres ficticios para proteger la identidad de los afectados. Estela, docente de Nivel Inicial, comenzó a trabajar en abril y gestionó su alta el mismo día. Sin embargo, al notar que su expediente no presentaba movimientos en la plataforma "Mi Catamarca", acudió al CAPE, donde le informaron sobre la falta de documentación que nunca le había sido solicitada ni comunicada oficialmente. Una vez completado el trámite, el expediente volvió a detenerse en Mesa de Entradas debido a que una funcionaria se encontraba de licencia. El proceso tardó 25 días en llegar a la Subsecretaría de Altas Docentes y otros 40 días más en obtener la firma de la ministra de Educación, Verónica Soria.
Estela cuestionó el criterio administrativo del Ministerio, señalando que las altas no se firman a medida que los expedientes cumplen el circuito, sino que se acumulan grandes cantidades para ser aprobadas en un solo acto administrativo. Como ejemplo, citó una resolución reciente donde se aprobaron aproximadamente 500 expedientes simultáneamente, sistema que, según la docente, perjudica directamente a los trabajadores al retrasar el reconocimiento de un derecho laboral básico.
Otros casos reflejan una vulnerabilidad económica creciente. Marcela, quien lleva casi tres meses sin cobrar, explicó que debe trasladarse al interior de la provincia para cumplir con sus horas de trabajo y que depende económicamente de la ayuda de sus amigos para costear los viajes, calificando la situación como una "burla". Por su parte, Leandro enfrenta un escenario aún más crítico; comenzó su trámite en diciembre de 2024 y asegura llevar 19 meses sin percibir haberes, aunque continúa dictando clases con la esperanza de completar el circuito administrativo.
Existen también situaciones de desamparo absoluto. Victoria, docente de Nivel Superior, trabajó durante 11 años en una comisión que cerró el año pasado sin que ella pudiera cobrar las horas adeudadas desde el inicio de su labor, lamentando que ese dinero probablemente nunca llegue a sus manos. El caso más desgarrador es el de Mariana, quien denuncia que su hija, docente fallecida en 2016 a los 35 años, dejó haberes adeudados que el Estado aún no ha pagado, afectando también la pensión de su nieta, quien hoy tiene 22 años.
Para muchos docentes, esta incertidumbre se ha vuelto "lo habitual". Relatan que el ingreso al sistema educativo conlleva un desgaste emocional profundo, donde el cobro de los salarios parece depender de la insistencia diaria o de poseer contactos internos en el Ministerio de Educación.
Finalmente, los docentes autoconvocados emitieron un fuerte repudio contra la "injustificable demora" en las firmas, denunciando que la retención de haberes priva a numerosas familias de ingresos básicos. Aseguran que mientras el personal cumple sus obligaciones con la educación pública, el Estado incumple las suyas. El reclamo culminó con un pedido directo al gobernador Raúl Jalil y a la ministra Verónica Soria para el cese de la "retención ilegal" de los sueldos, enfatizando que no solicitan privilegios, sino el respeto al derecho de percibir el salario por el trabajo ya realizado.
