La Fiscalía General de la Nación ha puesto en marcha una investigación formal para determinar las responsabilidades penales de Juliana y Verónica Guerrero, quienes se encuentran en el centro de un escándalo de corrupción que afecta al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según las denuncias presentadas por diversos empresarios, las hermanas habrían cobrado coimas a cambio de gestionar la adjudicación de contratos en los ministerios de Vivienda e Interior, señalamientos que están respaldados por una serie de conversaciones de WhatsApp, audios y transacciones bancarias.
De acuerdo con los datos aportados por los denunciantes, el monto entregado a las hermanas asciende, al menos, a 600 millones de pesos. El acuerdo pactado consistía en que las mujeres impulsarían los proyectos dentro del Ejecutivo a cambio de recibir el 10 por ciento del valor total de cada contrato adjudicado. En la estructura de esta presunta red, Juliana Guerrero se habría encargado de las negociaciones directas en el Gobierno, mientras que Verónica asumió la comunicación con los clientes. Por su parte, David Trespalacios, descrito como un amigo de la familia, se habría ocupado de la recolección del dinero.
Uno de los focos principales de la investigación es el Ministerio de Vivienda, específicamente en proyectos destinados a la construcción de un acueducto en el departamento del Cesar y la mejora de viviendas en diversas zonas del país. En este punto, las pruebas apuntan a Edward Libreros, quien fue viceministro de Agua y Saneamiento Básico entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. Aunque Libreros negó cualquier acto ilegal y afirmó que solo mantuvo encuentros institucionales con Juliana Guerrero, nuevos chats revelan una cercanía distinta.
En un intercambio de mensajes del 5 de febrero de 2025, Verónica Guerrero assured a un empresario que ya estaba hablando con Libreros sobre proyectos en Aguachica, Pailitas y Santa Rosa. Posteriormente, Verónica compartió la conversación sostenida con el entonces viceministro, en la cual coordinaban una cita para el viernes por la noche con el fin de "hablar bien". Testimonios de empresarios que entregaron sumas como 200 millones de pesos indican que las hermanas ofrecían la ayuda de Libreros para agilizar la viabilización y adjudicación de los dineros.
Otro actor clave en este entramado es David Trespalacios, un joven barranquillero que recibía fondos en efectivo y transferencias bancarias para evitar que las hermanas Guerrero dejaran un registro directo. Trespalacios se presentaba en círculos de poder como integrante del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aunque no existen registros contractuales que vinculen al joven con la Casa de Nariño.
La relación entre Trespalacios y las Guerrero terminó en conflicto. En chats del segundo semestre de 2025, Trespalacios expresó su inconformismo al no materializarse los contratos de mejoramientos y proyectos en Boyacá y el Valle, sugiriendo que las hermanas lo habían robado o "vendido la vuelta". Además, el joven es señalado por intentar gestionar granjas solares con alcaldes de Cesar, Bolívar y Norte de Santander, solicitando 35 millones de pesos para estudios que nunca fueron entregados.
El escándalo también se extiende al Ministerio del Interior, donde se promocionaron proyectos de instalación de cámaras de seguridad a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). Chats revelan que Verónica Guerrero intervenía en procesos técnicos, asegurando que el Ministerio cubriría el 100 % de los costos y mencionando que Juliana ya estaba en mesas de trabajo para concretar las salidas de los proyectos, demostrando una influencia en el Ejecutivo a pesar de no tener cargos institucionales.
Actualmente, la Fiscalía analiza todas las pruebas publicadas para ampliar la lupa sobre Trespalacios y las hermanas Guerrero. Tras las revelaciones, Juliana Guerrero presentó su renuncia a la Universidad Popular del Cesar, alegando su inocencia y disposición a colaborar con la justicia, mientras que Verónica Guerrero ha mantenido silencio. Por otro lado, la defensa del presidente Gustavo Petro hacia las hermanas ha generado divisiones internas en la izquierda y ha afectado su reputación dentro del Pacto Histórico. Finalmente, los empresarios denunciantes han manifestado temor por sus vidas, responsabilizando a las Guerrero de cualquier daño que pudieran sufrir ellos o sus familias.
