El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha retomado la ofensiva política este viernes en relación con la denominada 'ley de nietos'. El líder de la oposición ha centrado sus críticas en la implementación de esta medida, tras un periodo de ajuste en su estrategia discursiva motivado por la aparición de datos en la hemeroteca que indican que tanto él como otros principales dirigentes de su formación se verían favorecidos por la aplicación de dicha norma. Asimismo, Feijóo ha dado marcha atrás a las insinuaciones sobre un posible fraude electoral que había deslizado a principios de semana durante su intervención en el programa de Federico Jiménez Losantos, siguiendo la línea argumental de Vox.
En su más reciente intervención, realizada en el marco del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells celebrado en Castellón, Núñez Feijóo ha puesto el foco en Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Sofía Puente es fiscal de carrera y desempeña actualmente un cargo relevante en el Ministerio de Justicia como secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. El PP responsabiliza a Puente de una instrucción administrativa fundamental para la aplicación de la disposición que permite la reparación de la nacionalidad a los descendientes de españoles que emigraron huyendo de la Guerra Civil o de la dictadura.
Dicha instrucción, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cinco días después de la entrada en vigor de la ley, fue emitida y aprobada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, organismo que en aquel momento estaba bajo la dirección de Sofía Puente. El punto conflictivo para el Partido Popular reside en un apartado específico de esta orden administrativa, donde se establece que se presumirá la condición de exiliado para todos aquellos españoles que abandonaran el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Por el contrario, para quienes salieran de España entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, se requerirá la acreditación formal de dicha condición de exiliado.
Para el líder popular, esta medida supone una reinterpretación de la ley que no fue sometida a debate parlamentario y que, según sus palabras, abre las puertas a un volumen de beneficiarios significativamente mayor. Núñez Feijóo ha denunciado que no existe "un solo español que crea que hay buena fe" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, calificando de "irresponsable" la toma de decisiones con semejante impacto sin haber alcanzado un amplio consenso ni haber provocado un debate en el Parlamento.
Durante su discurso, Feijóo lamentó que se trate de una decisión "irreversible" y criticó la falta de transparencia del Ejecutivo en la ejecución de la norma. El presidente del PP subrayó que, mientras inicialmente se hablaba de medio millón de personas beneficiadas, la cifra real asciende ahora a 1,3 millones. El político insistió en que la nacionalidad representa "la expresión más honda en la relación entre un ciudadano y un Estado", reclamando que el proceso se realice con "limpieza y sin arbitrariedad".
Además de la crítica técnica, el líder del PP advirtió sobre las consecuencias logísticas de esta medida, asegurando que cambios sociales de tal dimensión no pueden ejecutarse sin una planificación adecuada. Según su diagnóstico, el Estado no está preparado para un cambio de esta magnitud, mencionando específicamente la posible saturación de los servicios públicos, como la sanidad.
En el plano político, Feijóo ha lanzado un ataque directo al presidente del Gobierno, afirmando que la verdadera preocupación de Pedro Sánchez no son los ciudadanos, sino el cerco judicial que rodea a su gobierno, a su partido y a su familia. El líder popular sostuvo que la "espada de Damocles" de Sánchez es el temor a que personas como Leire, testaferros, intermediarios o altos cargos decidan revelar la verdad. Concluyó asegurando que el PSOE "está muerto de miedo" y exigió que "quiten sus sucias manos de nuestro dinero" y "paren ya de robar".
Finalmente, Alberto Núñez Feijóo prometió que, en caso de alcanzar la Presidencia del Gobierno, se encargará de "limpiar, sin medias tintas" las instituciones para devolverlas a la ciudadanía y gobernar con honestidad, asegurando que quien no actúe bajo ese principio no tendrá lugar en su partido.
