El norte de Venezuela ha sido escenario de una tragedia telúrica tras ser sacudido por dos potentísimos terremotos el pasado miércoles, dejando a su paso una estela de devastación, angustia y desolación. La magnitud de los sismos ha provocado que numerosas personas pierdan sus hogares y a sus seres queridos, generando un sentimiento de impotencia tanto en los ciudadanos residentes en el país como en aquellos compatriotas que se encuentran en el exterior.
Ante este panorama, se ha puesto de relieve la crítica situación de la infraestructura y la capacidad de respuesta del Estado venezolano. Según el análisis del economista y profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, Humberto García Larralde, la capacidad de respuesta ante emergencias de esta escala se encuentra severamente reducida. Esta vulnerabilidad es el resultado de la devastación económica y la destrucción de las fuentes de divisas ocurrida durante el último cuarto de siglo, lo que ha condenado a la mayoría de la población a niveles de pobreza y miseria, afectando directamente la disponibilidad de servicios, recursos y personal especializado para el socorro de las víctimas.
En medio de la crisis, se ha reconocido la labor fundamental de los voluntarios, bomberos y rescatistas que trabajan afanosamente en las tareas de salvamento. Asimismo, se destacó la ayuda oportuna y expedita brindada por países hermanos, quienes han respondido con generosidad ante la emergencia humanitaria.
Sin embargo, la tragedia natural ha coincidido con una fuerte controversia financiera que ha generado indignación. Se ha denunciado la existencia de un contrato firmado por Delcy Rodríguez con la firma Centerview Partners, cuyo monto asciende a 150 millones de dólares. Los términos de este acuerdo incluyen un pago mensual de 750.000 dólares y una comisión de éxito del 0,1% sobre el monto total de la deuda reestructurada.
Esta transacción ha sido calificada como una "bofetada" al país en un momento de extrema fragilidad, especialmente cuando algunos medios informan que la cifra de la deuda podría haber aumentado hasta los 240.000 millones de dólares, una cantidad muy superior a las estimaciones previas. Existe una profunda preocupación por la opacidad de los términos de esta reestructuración y la exclusión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en las negociaciones.
La ausencia de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF genera temores sobre la legitimidad de la deuda. Se cuestiona si una parte de esos compromisos financieros no son en realidad papeles transados para lavar actos de corrupción cometidos por el chavismo. Sin el respaldo de estos entes reguladores, que rechazan compromisos que puedan acarrear litigios, se vuelve incierto el origen de los fondos frescos necesarios para sanear las cuentas públicas, reformar el Estado, restituir los servicios básicos y atender la emergencia humanitaria, que ahora se ha incrementado debido a los sismos.
Desde una perspectiva económica, se advierte que pagar estas deudas acumuladas durante un periodo de expolio representaría una "tercera tragedia" para Venezuela, sumándose a la devastación económica previa y a la destrucción causada por los terremotos. Por ello, se plantea como prioridad inmediata la anulación del contrato con Centerview Partners para que esos 150 millones de dólares sean redireccionados urgentemente a la atención de las víctimas del desastre natural.
Finalmente, el análisis sostiene que la situación actual exige un cambio profundo en la gestión del Estado. Se hace un llamado a quienes manejan las palancas del poder para que acepten los cambios demandados por la ciudadanía y den un paso al lado. Como una muestra inicial de voluntad y compromiso con el país, se solicita la liberación definitiva de todos los presos políticos que aún permanecen detenidos, permitiendo así un esfuerzo conjunto y sin discriminación para superar la doble calamidad que atraviesa la nación.
