La seguridad se ha consolidado como uno de los problemas más críticos que enfrenta Colombia en la actualidad. Según un reciente análisis basado en datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el país atraviesa un proceso de expansión de los grupos armados que plantea un escenario complejo para la gobernabilidad y el control territorial. El informe revela que, para diciembre de 2025, la cantidad de integrantes de estos grupos, sumando tanto a los hombres en armas como a sus redes de apoyo, superaría los 27.000 miembros. Esta cifra representa un crecimiento alarmante del 23,5% en comparación con el año anterior.
El incremento en el número de combatientes y colaboradores está liderado principalmente por el Clan del Golfo, organización que ha sumado cerca de 2.300 nuevos integrantes. A este grupo le siguen en capacidad de crecimiento el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), brazo de las disidencias de las Farc. De acuerdo con la FIP, este fenómeno evidencia que ninguna de las estrategias implementadas hasta el momento —ya sean operaciones militares, procesos de negociación o las ofertas de sometimiento— ha logrado frenar la capacidad de reclutamiento de estas organizaciones. La razón fundamental radica en que estos grupos ofrecen salarios e incentivos económicos en territorios donde el Estado llega tarde o, en muchos casos, es totalmente inexistente.
Este panorama deja una herencia sumamente compleja para el próximo presidente de la República. El mandatario entrante deberá gestionar un país con más de 27.000 hombres armados y lidiar con 16 zonas de disputa activa que requieren control inmediato para frenar la expansión territorial de los grupos criminales. Ante esta realidad, la Fundación Ideas para la Paz ha manifestado su preocupación respecto a las propuestas de seguridad presentadas por los candidatos a la Presidencia. Según la organización, los mensajes electorales han sido simplistas y orientados al marketing político, careciendo de respuestas profundas que atiendan las necesidades reales y actuales de la nación.
La conclusión principal de la FIP es que diversos aspirantes a la Casa de Nariño siguen priorizando instrumentos tradicionales que presentan serias limitaciones. Además, estas propuestas omiten el grave déficit fiscal que enfrentará el país, lo que pone en duda la ejecución real de los planes prometidos.
En el análisis detallado de las propuestas, el programa de Iván Cepeda se enfoca en una visión de seguridad humana. Su apuesta se centra en la transformación territorial, la implementación rigurosa del Acuerdo de Paz y la protección de las comunidades. Cepeda sostiene que el conflicto colombiano tiene raíces históricas ligadas a la exclusión, la debilidad institucional y la falta de oportunidades en las regiones periféricas. Por ello, propone fortalecer la prevención, los programas sociales y las capacidades del Estado en los territorios más vulnerables. No obstante, la FIP señala que su programa deja interrogantes sobre la continuidad de la política de ‘Paz Total’, ya que no plantea una revisión profunda de los problemas de coordinación, verificación y la expansión criminal ocurrida durante el gobierno actual.
Por otro lado, existe una corriente de propuestas que plantea un giro radical hacia la confrontación. Este enfoque propone cero negociaciones con grupos armados, una ofensiva total contra el narcotráfico, la fumigación de cultivos de uso ilícito y la implementación de la extinción de dominio exprés. Asimismo, contempla el endurecimiento del sistema penal mediante la construcción de al menos 10 mega-cárceles. La FIP advierte que este modelo carece de mecanismos claros de gradualidad, control institucional y salvaguardas democráticas, transmitiendo la idea de un Estado que debe actuar sin restricciones para recuperar su autoridad. Además, cuestiona la viabilidad de promesas como recuperar el control territorial y reformar el sistema penitenciario en plazos perentorios de 90 días, dada la limitación fiscal y operativa del Estado.
Finalmente, la candidata del Centro Democrático sostiene que el Estado ha perdido capacidad de control territorial y ha reducido la presión sobre las estructuras criminales. Su propuesta se basa en fortalecer la Fuerza Pública, endurecer el sistema penal, ampliar las capacidades de inteligencia y potenciar la judicialización, manteniendo una postura de cero diálogos de paz. Sin embargo, la FIP manifiesta dudas sobre la sostenibilidad fiscal de una expansión militar de tal magnitud y cuestiona la implementación real de la “sustitución forzosa y generosa” de cultivos de coca en territorios dominados por economías ilícitas.
