En el marco de las actividades relacionadas con el proceso electoral, Pedro Francke, economista y miembro del equipo técnico de la agrupación Juntos por el Perú, ha manifestado una postura clara y determinante respecto a la agenda legislativa que impulsaría un eventual gobierno liderado por el candidato Roberto Sánchez. Según las declaraciones de Francke, una de las prioridades de una gestión encabezada por Sánchez sería la derogación de un conjunto de ocho normativas que el equipo técnico ha calificado explícitamente como "leyes pro-crimen".
El economista Francke enfatizó que estas ocho leyes fueron aprobadas mediante el voto de la bancada fujimorista, marcando una diferencia sustancial en la postura política de su candidato. Al respecto, subrayó que Roberto Sánchez no participó en la votación de estas iniciativas, lo que posiciona al candidato como un actor alineado con la búsqueda de la anulación de dichos marcos legales. "Vamos a derogar las 8 leyes pro-crimen que votó la bancada fujimorista y que Roberto Sánchez no votó", afirmó tajantemente el representante de Juntos por el Perú.
La argumentación detrás de esta propuesta se centra en el impacto negativo que, según el equipo técnico de Roberto Sánchez, estas normativas tienen sobre la seguridad ciudadana y la estabilidad económica de los ciudadanos más productivos. Francke sostuvo que estas leyes no solo fomentan el crimen en general, sino que generan un entorno propicio para que se lleven a cabo ataques directos contra los emprendedores. En este sentido, el economista señaló que el marco legal vigente, derivado de estas votaciones, termina sirviendo a grupos criminales que se dedican a la extorsión de negocios y emprendimientos nacientes.
De acuerdo con la visión de Francke, la permanencia de estas leyes representa un obstáculo para el desarrollo económico, ya que vulnerabilizan a quienes intentan iniciar actividades comerciales, exponiéndolos a redes de extorsión que encuentran en estas normativas un espacio de operatividad. Por lo tanto, la derogación de estas ocho leyes se presenta no solo como una medida de seguridad, sino como una acción necesaria para proteger el ecosistema emprendedor del país.
Estas declaraciones se produjeron en el contexto de un encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se llevó a cabo el debate entre los equipos técnicos de los candidatos Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, por Juntos por el Perú. El evento tuvo como objetivo confrontar las visiones técnicas de ambas organizaciones políticas sobre el rumbo del país hacia el año 2026.
Para estructurar este enfrentamiento de ideas, el JNE definió una hoja de ruta compuesta por seis ejes temáticos fundamentales. Los equipos técnicos debieron abordar sus propuestas y críticas basándose en los siguientes puntos: Infraestructura, Reforma del Estado, Agricultura y medio ambiente, Economía y generación de empleo, Salud, y finalmente, Juventud y deportes.
La confrontación entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú permitió evidenciar las profundas discrepancias en materia de seguridad y legislación. Mientras que el equipo de Roberto Sánchez, a través de la voz de Pedro Francke, puso el foco en la necesidad de revertir decisiones legislativas previas vinculadas a la seguridad ciudadana, el debate se extendió a los demás ejes definidos por el ente electoral, buscando exponer las debilidades y fortalezas de cada plan de gobierno.
En resumen, la propuesta de Juntos por el Perú se enfoca en una limpieza del marco legal que, a su juicio, favorece la criminalidad y perjudica la inversión y el emprendimiento. La distinción entre el voto de la bancada fujimorista y la abstención o rechazo de Roberto Sánchez frente a estas ocho leyes se ha convertido en un punto central de su narrativa técnica y política para el próximo ciclo gubernamental.
