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CNE prohíbe a Revista SEMANA publicar encuestas de AtlasIntel

En un sorpresivo auto que ha causado polémica en el mismo tribunal, teniendo en cuenta que no fue sometido a discusión de la sala plena, Márquez decretó una medida cautelar de urgencia que viola la libertad de prensa y el debido proceso.

CNE prohíbe a Revista SEMANA publicar encuestas de AtlasIntel

¿Censura o legalidad? Una decisión del Consejo Nacional Electoral ha encendido la polémica en Colombia. La magistrada Fabiola Márquez decretó una medida cautelar de urgencia que prohíbe a la Revista SEMANA publicar nuevas encuestas de la firma AtlasIntel, a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales.

Lo que genera mayor controversia es que, según se denuncia, este auto no fue sometido a la discusión ni votación de la Sala Plena del tribunal, rompiendo el procedimiento habitual. La medida se fundamenta técnicamente en un Informe Final de Auditoría emitido por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE, exigiendo el cumplimiento integral de los requisitos legales antes de retomar las publicaciones.

Este hecho ocurre tras la difusión de una encuesta el pasado 15 de mayo, cuyos resultados proyectaban una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, dejando fuera a figuras como Paloma Valencia. SEMANA califica esta acción como una "operación de silencio" y una retaliación política, destacando que AtlasIntel es una firma reputada con aciertos en países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Sudáfrica.

A esta medida se suma la apertura de una indagación preliminar por parte del magistrado Álvaro Hernán Prada. Cabe resaltar que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, ha sido una de las promotoras de la polémica ley de encuestas que ha generado tensiones con los medios de comunicación y las encuestadoras.

Ante este escenario, la Revista SEMANA ha asegurado que agotará todos los recursos legales y acudirá a todas las instancias para defender el debido proceso y la libertad de prensa, enfatizando que la decisión de la magistrada Márquez vulnera el derecho a la información de los ciudadanos colombianos.

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