El Gobierno nacional presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador. La acción judicial surge por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de un contrato de prestación de servicios destinado a actividades pedagógicas y de divulgación sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
La denuncia, firmada por el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta, solicita investigar posibles delitos como peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El contrato fue otorgado de manera directa, bajo la modalidad intuitu personae, con un valor inicial de 257 millones de pesos, ajustado posteriormente a 216 millones.
Sin embargo, la revisión institucional detectó inconsistencias graves en los soportes de pago. Según el documento, se habrían utilizado las mismas evidencias fotográficas para justificar dos periodos de pago distintos, como ocurrió con un taller en Cali durante la COP16. Además, se reportaron actividades en fechas posteriores a los cortes de cobro, incluyendo eventos registrados entre abril y agosto de 2025 en ciudades como Bogotá, Neiva y Arauquita.
El foco de la investigación también recae sobre Gloria Cuartas Montoya, exdirectora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y supervisora del contrato. Se le señala de incurrir en una falta gravísima al certificar como recibidas a satisfacción obras que presuntamente no fueron ejecutadas a cabalidad.
Asimismo, la denuncia advierte sobre errores en el tratamiento tributario del IVA y cuestiona la rigurosidad en la verificación de la idoneidad del contratista. La Fiscalía deberá ahora realizar inspecciones forenses a la carpeta digital, revisar metadatos y entrevistar a las instituciones educativas donde supuestamente se realizaron los talleres pedagógicos.
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