¿Puede el Gobierno federal impedir que un estado cuente votos basándose en sospechas? El Gobierno de Donald Trump ha presentado una demanda en Los Ángeles para evitar que se contabilicen las boletas de unas 20.000 personas en California, alegando que podrían no ser ciudadanas estadounidenses.
El Departamento de Justicia sostiene que, bajo la cláusula de supremacía de la Constitución, tiene la facultad de impugnar la gestión estatal para hacer cumplir la prohibición federal del voto no ciudadano. Sin embargo, expertos legales describen esta acción como un "comunicado de prensa disfrazado de litigio" con pocas probabilidades de éxito. El profesor de derecho Derek Muller señala que no existe una ley federal que determine cómo deben los estados verificar la ciudadanía de sus votantes, una tarea que la Constitución asigna principalmente a las entidades estatales.
La controversia se intensificó luego de que el Departamento de Justicia entregara una memoria USB con la lista de sospechosos al registrador del condado de Los Ángeles, quien informó que no había accedido al dispositivo debido a protocolos de seguridad y privacidad. Por su parte, la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, afirmó que la información carece de utilidad y que no privará a miles de personas de su derecho al voto basándose en "creencias infundadas".
La fiabilidad de estos datos es cuestionada. En Nevada, una lista inicial de casi 16.000 presuntos no ciudadanos se redujo a solo 185 tras una revisión manual, y el estado sostiene que esos 185 sí eran ciudadanos. Ante este panorama, y considerando que los tribunales ya han bloqueado previamente otros decretos de Trump sobre procedimientos electorales, el éxito de esta demanda es visto como improbable por diversos juristas.
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