El ejercicio del poder en Colombia ha dejado resultados socioeconómicos, políticos e institucionales que se califican como desastrosos, una situación que, lejos de mejorar, se profundiza año tras año. De acuerdo con un análisis crítico sobre la función pública, se evidencia una ausencia histórica de coherencia y responsabilidad política y social por parte de los gobernantes en los niveles nacional, regional y local, quienes no han ejercido sus cargos con un sentido práctico y positivo que beneficie a la ciudadanía.
Esta realidad ha servido como el caldo de cultivo para problemas estructurales que afectan al país, alimentando la inequidad socioeconómica, la pobreza, la miseria, el desempleo, el subempleo, la segregación social y la inseguridad ciudadana. Se sostiene que la criminalidad y la inseguridad actual obedecen a causas identificables, evitables y superables, siempre y cuando se logre la elección de gobiernos responsables. Sin embargo, se denuncia que los mandatarios, desde sus respectivas jurisdicciones, han permanecido sordos e indiferentes ante la realidad nacional.
Uno de los puntos más críticos es el cáncer de la corrupción, que ha penetrado todas las instancias del poder público. No se observan perspectivas concretas para extirpar este flagelo de la institucionalidad. Se señala que la anarquía institucional y la corrupción han estado activas durante más de 200 años, pero se catapultaron en los últimos treinta y cinco años con la profundización del neoliberalismo. Este proceso atravesó los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Juan Manuel Santos y Duque-Uribe, proyectándose posteriormente como un contagio hacia el gobierno de Petro.
Este deterioro se habría generalizado con la aceptación sumisa de los contenidos del Consenso de Washington desde 1989, lo que habría beneficiado al régimen neoliberal y permitido la concentración de la riqueza y el poder en manos de élites gobernantes usufructuarias del sistema. En la actualidad, este panorama se refleja en la oposición de la extrema derecha en el Congreso, los órganos de poder y los gremios económicos frente al gobierno actual, sectores que buscarían torpedear cualquier reforma institucional. Se advierte que, si el elector deposita su voto en candidatos de la extrema derecha en el próximo cuatrienio, estas élites continuarán evitando el desarrollo integral y las soluciones a la problemática socioeconómica.
La magnitud de la corrupción es descrita como apocalíptica, respaldada por estudios y encuestas donde empresarios y contratistas admiten la necesidad de pagar coimas para acceder a la contratación pública. Los datos son reveladores: en 2008 el 54% reportó esta práctica, ascendiendo al 56% en 2010, al 62% en 2014 y alcanzando un alarmante 94% en 2015, mientras el Estado no toma medidas efectivas para erradicarlo. Este caos se extiende a la formación académica, los servicios de salud, la Rama Judicial y el manejo económico-fiscal.
La contratación pública es identificada como la "vena rota" del presupuesto nacional. Se critica especialmente el marco legal de las concesiones viales 4G y 5G, así como las Alianzas Público-Privadas (APP). Se denuncia que los gobiernos realizan contrataciones sin diseños previos ni presupuestos sustentables, delegando al concesionario la fijación de costos y la realización de estudios. Esta práctica de "presupuestos alzados" o imaginarios ha permitido casos como los de Reficar, La Mojana-Caregato, Ruta 45-Pericongo y Estanquillo Popayán.
A nivel regional, en Neiva y el Huila, se evidencian obras inconclusas y derroche de recursos. Un ejemplo es la PTAR de Neiva, donde se malgastaron más de 4.300 millones de pesos en estudios y diseños durante 16 años con resultados negativos, además de 6.000 millones en la compra de terrenos inundables. Asimismo, proyectos como el Estadio y la Villa Olímpica carecen de diagnósticos técnicos válidos, mientras que el Parque Santander es visto como otro centro de gasto. Todo esto ocurre mediante endeudamiento público y bajo la irresponsabilidad del Concejo de Neiva, mientras las vías de los barrios de estrato 1, 2 y 3 permanecen en total abandono.
Finalmente, se señala que los órganos de control se han convertido en fortines de la politiquería y el clientelismo, manejados por el populismo corrupto. Ante la proximidad de las elecciones de alcaldes y concejales, se hace un llamado urgente al elector para que utilice el poder del voto y evite seguir eligiendo gobernantes mediocres e irresponsables, advirtiendo que, sin reformas radicales e integrales a la normatividad legal, Colombia podría sumirse en una anarquía total y un desastre socioeconómico general.
