El Parlamento de Cataluña avanza en la modificación de la ley de eutanasia para agilizar los recursos judiciales, impulsado por el caso de Noelia Castillo y la necesidad de evitar prolongar el sufrimiento de los pacientes. La propuesta, que cuenta con el respaldo de PSC-Units, JxCat, ERC, Comuns y la CUP, busca configurar un procedimiento judicial más abreviado y eficiente para el control de las resoluciones administrativas en materia de eutanasia.
La iniciativa, promovida por la asociación Dret a Morir Dignament, se tramita desde febrero y pretende presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar algunas disposiciones normativas procesales relacionadas con el derecho a morir dignamente. La admisión a trámite por parte de la Mesa de la cámara catalana el pasado 17 de febrero marca un paso importante en este proceso legislativo, que se tramitará por lectura única.
El caso de Noelia Castillo, quien falleció recientemente tras recibir la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona) después de un extenso proceso judicial, ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar esta problemática. A Castillo, afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024, pero el camino hasta obtenerla fue largo y complejo, evidenciando las dificultades que enfrentan los pacientes para ejercer su derecho a una muerte digna.
La propuesta de modificación legal argumenta que es fundamental evitar “prolongar de forma innecesaria e inhumana” el sufrimiento de las personas que solicitan la ayuda para morir. Para ello, se propone configurar el procedimiento judicial de control de la resolución administrativa de la Comisión de Garantía y Evaluación de la manera más abreviada posible, limitando los plazos a lo estrictamente imprescindible.
La demora en la resolución de estos casos implica, según el texto, una “prolongación de su vida, en contra de su propia voluntad, obligándolas a vivir en unas condiciones que para ellas ya no son dignas”. Esta situación, se añade, podría equivaler a atentar contra la integridad de la persona y a infligir un trato inhumano, lo que contravendría el artículo 15 de la Constitución Española.
Para abordar esta problemática, la propuesta plantea una reforma de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Se busca introducir un procedimiento especial de recurso para la impugnación de las resoluciones de las Comisiones de Garantía y Evaluación, caracterizado por su máxima celeridad.
Dado el carácter perentorio de estos recursos y su impacto directo en la dignidad, la integridad física y la vida de personas en situaciones de extrema gravedad, se plantea atribuir la competencia para conocerlos a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia correspondiente territorialmente.
El nuevo proceso especial propuesto se define como “sumario y de tramitación preferente”, en cumplimiento del mandato constitucional. Esto implica la fijación de plazos improrrogables y especialmente abreviados, así como la simplificación del proceso, estableciéndose una única instancia y limitando los recursos a únicamente el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La iniciativa busca, en definitiva, garantizar que el derecho a una muerte digna se pueda ejercer de manera efectiva y sin dilaciones innecesarias, respetando siempre la voluntad del paciente y evitando prolongar su sufrimiento. La aprobación de esta modificación legal podría significar un avance significativo en la protección de los derechos de las personas que se encuentran en situaciones de sufrimiento insoportable y que desean poner fin a su vida de manera digna y asistida. La tramitación de esta propuesta en el Congreso de los Diputados será clave para determinar si se implementan estos cambios y se agilizan los procesos judiciales en materia de eutanasia en toda España.
