Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se mantiene en su cargo a pesar de una creciente lista de acusaciones penales, administrativas y denuncias de corrupción, generando una crisis de gobernabilidad en la compañía más grande de Colombia. La permanencia de Roa, exgerente de campaña del presidente Gustavo Petro, ha levantado serias interrogantes sobre la independencia de la Junta Directiva de Ecopetrol y la influencia política en una empresa de vital importancia para la economía nacional.
La Fiscalía ha imputado a Roa por tráfico de influencias, relacionado con la presunta obtención de un contrato favorable para un empresario a cambio de la compra de un apartamento a un precio inferior al del mercado. A esto se suman sanciones administrativas impuestas por el Consejo Nacional Electoral y un embargo judicial. Sin embargo, la Junta Directiva, liderada por Ángela María Robledo, ha mantenido a Roa en su puesto, desafiando las normas de transparencia y buen gobierno corporativo que rigen a las empresas que cotizan en bolsa en Colombia y Nueva York.
Las denuncias contra Roa se han intensificado con el testimonio de Luis Enrique Rojas, exfuncionario de Hocol, filial de Ecopetrol, quien asegura haber sido amenazado de muerte tras denunciar manejos indebidos relacionados con empresarios cercanos a Roa y a su pareja, Julián Caicedo. Rojas, quien salió de Hocol en abril de 2025, alegó que existían irregularidades en la adjudicación de contratos y en la toma de decisiones dentro de la empresa. Hocol ha negado las acusaciones y anunciado acciones legales contra Rojas, pero la denuncia ha añadido más presión sobre la gestión de Roa.
La situación se complicó aún más con la entrevista al hombre que realizó las obras de remodelación del lujoso apartamento de Roa en Bogotá, Jhony Giraldo. Giraldo reveló que recibió el pago en efectivo por las obras en cajas de cartón, entregadas por un abogado cercano a Roa, quien a su vez recibió el dinero de un intermediario vinculado a un empresario fallecido que fue jefe de Roa en Honduras. Giraldo también señaló a Julián Caicedo, pareja de Roa, como una figura clave en la toma de decisiones dentro de Ecopetrol, afirmando que Caicedo, junto con la vicepresidenta de talento humano de la empresa, Victoria Sepúlveda, decidían quién entraba o salía de la petrolera.
Ambos testimonios, que involucran amenazas de muerte y señalamientos directos a Julián Caicedo, se suman a la reciente salida del presidente de ISA, filial de Ecopetrol, Jorge Carrillo, quien fue destituido por una decisión del Consejo de Estado que confirmó un deterioro corporativo en la empresa. Se alega que Roa presionó para favorecer la elección de un aliado de un exalcalde, a pesar de que el candidato tenía una puntuación baja en los criterios de selección.
Roa ha mantenido un silencio absoluto ante las acusaciones, limitándose a compartir noticias positivas sobre el negocio de la empresa, como el descubrimiento de un pozo exploratorio de gas en el Caribe colombiano. Por su parte, el presidente Petro ha defendido públicamente a Roa, atacando la credibilidad de los testigos y minimizando la gravedad de las acusaciones. En un mensaje en Twitter, Petro afirmó que el pueblo colombiano es el verdadero propietario de Ecopetrol y que él, como presidente, lo representa. También cuestionó la reputación de Jhony Giraldo, señalando su relación con la fallecida congresista Piedad Córdoba.
La defensa férrea de Petro ha generado críticas y ha alimentado la percepción de que Roa goza de una protección política que le permite evadir la justicia y continuar en su cargo a pesar de las graves acusaciones en su contra. La Junta Directiva de Ecopetrol, liderada por Ángela María Robledo, ha sido objeto de fuertes críticas por su inacción y por su aparente falta de independencia. Robledo, quien en el pasado se destacó por su lucha contra la corrupción, ha sido acusada de desoír los llamados del sindicato de Ecopetrol para destituir a Roa y salvaguardar la reputación de la empresa.
Expertos en derecho corporativo advierten sobre los riesgos legales que asume la Junta Directiva al mantener a Roa en su cargo. Carolina Restrepo Cañavera, profesora de derecho tributario del Cesa, señala que la Junta ha desdibujado su rol y se ha convertido en un "comité de defensa" de Roa, en lugar de proteger los intereses de la compañía y sus accionistas. Restrepo Cañavera advierte que los miembros de la Junta podrían enfrentarse a demandas en Estados Unidos por no haber actuado con la independencia y severidad que exige su cargo.
Sergio Cabrales, experto del sector energético, destaca que los problemas de Roa están desviando la atención de los desafíos más urgentes que enfrenta Ecopetrol, como la disminución de la utilidad neta en el cuarto trimestre de 2025. Cabrales señala que la brecha entre la utilidad obtenida y la que podría haber obtenido Ecopetrol se explica por ineficiencias operativas, aumento de costos, endeudamiento y una mayor carga impositiva.
La situación en Ecopetrol ha generado preocupación entre los accionistas minoritarios y ha puesto en entredicho la transparencia y la buena gobernanza de la empresa. La falta de respuesta de la Junta Directiva a las preguntas de la prensa y su negativa a pronunciarse sobre la situación de Roa han exacerbado la crisis de confianza. La continuidad de Roa en el cargo podría tener consecuencias negativas para la reputación de Ecopetrol, su capacidad para atraer inversiones y su contribución al desarrollo económico del país. La sombra de la corrupción se cierne sobre la petrolera, y la pregunta que muchos se hacen es si la protección presidencial prevalecerá sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas.
