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Maletas, Drogas y un Juez Detenido: El Caso que Sacude Bolivia

Según las investigaciones, el guardia fue la persona que recibió las maletas que arribaron desde Estados Unidos y llevadas a la empresa de seguridad de un juez que está detenido.

Maletas, Drogas y un Juez Detenido: El Caso que Sacude Bolivia

La justicia boliviana ha dictado 150 días de detención preventiva para un segundo guardia de seguridad vinculado a la empresa Ebose, propiedad del juez Hebert Zeballos, actualmente detenido. La medida se tomó en el marco de la investigación del caso conocido como “Las Maletas”, que involucra el presunto contrabando de grandes sumas de dinero desde Estados Unidos a Santa Cruz, y el hallazgo de marihuana en las instalaciones de la empresa de seguridad. El guardia, cuya identidad no ha sido revelada, es sindicado de haber recibido las 32 maletas con divisas que llegaron en un vuelo privado en el que viajaba la exdiputada Laura Rojas, también detenida.

El fiscal Julio César Porras informó que, si bien el guardia imputado alega su inocencia, existen “indicios de probabilidad de autoría” que justifican su detención. Según las declaraciones recabadas hasta el momento, el guardia estaría presente en el momento de la llegada de las maletas al aeropuerto y su posterior traslado a las instalaciones de Ebose. Una orden de aprehensión contra el guardia había sido emitida diez días antes, y ejecutada el lunes pasado. El martes, el sindicado fue presentado ante un juez, quien determinó su privación de libertad.

“En declaraciones de diferentes personas lo identifican a él (guardia) de haber estado cuando llegaron las maletas”, recalcó Porras en una conferencia de prensa. El fiscal enfatizó que la investigación continúa en curso y que se están analizando todas las pruebas disponibles para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Con la detención de este segundo guardia, ya son siete las personas privadas de libertad en el caso “Las Maletas”. Además de Zeballos, Rojas y los dos guardias de seguridad, también están detenidos dos exfuncionarios judiciales y un asesor legal de la empresa Ebose. La investigación se centra en determinar el origen y destino de las divisas transportadas en las maletas, así como la posible participación de otros individuos en el esquema de contrabando.

La búsqueda de las maletas continúa sin éxito. Las autoridades han rastreado diversas ubicaciones en Santa Cruz y otras ciudades del país, pero hasta el momento no han logrado dar con su paradero. La falta de las maletas dificulta la investigación, ya que su contenido podría proporcionar información crucial sobre la red de contrabando y los involucrados.

En un giro inesperado, la intervención de la empresa de seguridad Ebose, ubicada en la zona de la Villa Primero de Mayo, reveló el hallazgo de cerca de 80 kilos de marihuana húmeda. Este descubrimiento ha añadido una nueva dimensión al caso, sugiriendo la posible conexión entre el contrabando de divisas y el tráfico de drogas. Las autoridades investigan si la empresa de seguridad era utilizada como fachada para actividades ilícitas.

El caso “Las Maletas” ha generado una gran conmoción en Bolivia y ha puesto en tela de juicio la integridad de funcionarios judiciales y políticos. La exdiputada Laura Rojas, una figura prominente en la política cruceña, ha negado cualquier participación en el esquema de contrabando, pero las pruebas presentadas por la fiscalía sugieren lo contrario. Rojas se encuentra detenida en un centro penitenciario de Santa Cruz, a la espera de que se determine su situación legal.

El juez Hebert Zeballos, propietario de la empresa de seguridad Ebose, es considerado el principal sospechoso en el caso. Se le acusa de haber facilitado el contrabando de divisas y de haber utilizado su posición para proteger a los involucrados. Zeballos también se encuentra detenido y enfrenta cargos por contrabando, lavado de dinero y otros delitos.

La investigación del caso “Las Maletas” se ha visto complicada por la falta de cooperación de algunos de los implicados y por la complejidad de las operaciones financieras involucradas. Las autoridades han solicitado la colaboración de organismos internacionales para rastrear el origen y destino de las divisas y para identificar a otros posibles cómplices.

El gobierno boliviano ha condenado enérgicamente el contrabando y ha prometido llevar a los responsables ante la justicia. El presidente Luis Arce ha ordenado una investigación exhaustiva del caso y ha asegurado que no habrá impunidad. El gobierno también ha anunciado medidas para fortalecer los controles en los aeropuertos y fronteras del país, con el objetivo de prevenir futuros casos de contrabando.

Paralelamente al caso “Las Maletas”, las autoridades investigan la posible vinculación de Sebastián Marset, un narcotraficante boliviano buscado por la justicia internacional, con la compra de propiedades de lujo en la ciudad de Santa Cruz. Se ha revelado que Marset estaría vinculado a una casa quinta con canchas y piscinas en el Urubó, una zona exclusiva de la ciudad. La investigación busca determinar si Marset utilizó dinero proveniente del narcotráfico para adquirir estas propiedades.

En otro incidente relacionado con el tráfico de drogas, la policía boliviana ha incautado más de 82 kilos de droga en un camión cargado con papel higiénico. Cinco personas fueron detenidas en relación con este caso. Las autoridades han intensificado los controles en las carreteras del país para combatir el tráfico de drogas.

El gobierno también ha creado una unidad de inteligencia financiera “sin límites” para investigar casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esta unidad tendrá la capacidad de acceder a información bancaria y financiera de personas y empresas sospechosas. La creación de esta unidad es una respuesta a la creciente preocupación por el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Bolivia.

El caso “Las Maletas” ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones bolivianas y de mejorar los mecanismos de control para prevenir la corrupción y el crimen organizado. La sociedad civil ha exigido una investigación transparente y exhaustiva del caso, y ha pedido que se castigue a todos los responsables, sin importar su posición o influencia. La resolución de este caso podría tener un impacto significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Bolivia.

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