El Presidente Gustavo Petro ha lanzado una fuerte acusación contra el excongresista Laureano Acuña, conocido popularmente como ‘El gato volador’, denunciando un presunto esquema de compra de votos en Barranquilla. La denuncia, que ha generado revuelo político, se basa en testimonios de dos mujeres que afirman haber sido utilizadas por Acuña para obtener votos a cambio de dinero, con el fin de asegurar una curul en la Cámara de Representantes. El mandatario, a través de su cuenta en la red social X, instó a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a actuar con celeridad en el caso, calificando la situación como un “delito evidente contra el sufragio” y una “mafia”.
Las dos mujeres, quienes permanecen apostadas frente a la residencia que presuntamente pertenece a Acuña, han relatado su experiencia, revelando detalles sobre el funcionamiento del presunto esquema de corrupción electoral. Una de ellas, visiblemente afectada, expresó su frustración por no haber podido cumplir con las promesas hechas a quienes colaboraron en la compra de votos. “Nos quedó mal con un poco de gente y la gente se nos viene encima”, declaró, cuestionando la falta de respuesta por parte de Acuña.
La mujer denunciante afirmó que la “tarifa” establecida por Acuña para la compra de votos era de $70.000 pesos por cada sufragio. Aseguró, además, que poseen pruebas contundentes para respaldar sus acusaciones, incluyendo “planillas y videos” en los que, según su testimonio, Acuña les ofrecía dinero a cambio de votos. “Tenemos planillas y tenemos videos de él donde nos está ofreciendo dinero”, enfatizó.
En un tono desafiante, la mujer advirtió a Acuña que, a pesar de sus esfuerzos por comprar votos, la gente tiene la capacidad de votar de acuerdo con su conciencia. “Yo he comprado votos, pero yo no he votado por el que me dicen, yo voto por el que mi conciencia por el que yo considero”, afirmó. Finalmente, en un gesto de rechazo, le hizo la señal de la “X” con la mano izquierda a Acuña, advirtiéndole que “tendrá que ahogarse toda la vida”.
La denuncia contra Acuña no es nueva. El excongresista ha sido señalado en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera política por presuntas prácticas de compra de votos. Uno de los escándalos más notorios en los que se vio involucrado fue el de la ‘Casa Blanca’ durante la campaña al Senado de la República de Aida Merlano. Su habilidad para evadir las consecuencias legales en estos casos le ha valido el apodo de ‘El gato volador’ y ha sido objeto de numerosos artículos de prensa que destacan sus “siete vidas”.
La reacción del Presidente Petro ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para prevenir y sancionar la compra de votos, una práctica que socava los principios fundamentales de la democracia. La solicitud directa a la Fiscal General de la Nación para que inicie una investigación exhaustiva del caso refleja la preocupación del gobierno por garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral.
La Fiscalía General de la Nación aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia. Sin embargo, la presión pública y la insistencia del Presidente Petro podrían obligar a la entidad a actuar con prontitud. La investigación deberá esclarecer si efectivamente existió un esquema de compra de votos liderado por Acuña, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
El caso también plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas preventivas implementadas por las autoridades electorales para evitar la compra de votos. A pesar de los esfuerzos realizados, las denuncias de este tipo siguen surgiendo, lo que sugiere que es necesario fortalecer los controles y aumentar las sanciones para disuadir a quienes buscan manipular el proceso electoral.
La denuncia contra Laureano Acuña llega en un momento crucial para la política colombiana, en el que la confianza en las instituciones y en el sistema electoral se encuentra en entredicho. La resolución de este caso podría tener un impacto significativo en la percepción de la ciudadanía sobre la transparencia y la integridad de la democracia en el país.
La comunidad política y la opinión pública esperan con atención los próximos pasos de la Fiscalía General de la Nación. La investigación deberá ser rigurosa, imparcial y transparente, con el fin de garantizar que se haga justicia y que se proteja el derecho al sufragio de los ciudadanos colombianos. La credibilidad de las instituciones y la salud de la democracia están en juego.
