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Bogotá, 15 de febrero de 2026 – La Defensoría del Pueblo ha emitido un alarmante balance de la situación humanitaria en Colombia, revelando que el conflicto armado continúa desplazando y confinando a miles de personas en el país. El informe, correspondiente al mes de enero de 2026, destaca a los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Caquetá y Antioquia como las zonas más afectadas por estas dinámicas forzadas. A pesar de una disminución en las cifras absolutas de desplazamiento en comparación con el año anterior, la entidad advierte sobre la necesidad urgente de fortalecer la respuesta institucional y prevenir un desbordamiento de las capacidades locales y departamentales.
Según el informe, se registraron 12 eventos de desplazamiento forzado masivo que impactaron a 3.409 personas en enero de 2026. Si bien esta cifra es significativamente menor que las 51.627 personas afectadas en enero de 2025 – un año marcado por la escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC lideradas por alias “Calarcá” – la Defensoría enfatiza que la situación sigue siendo crítica. La reducción en el número de desplazados no debe interpretarse como una mejora sustancial en la seguridad, sino más bien como una posible alteración en las dinámicas del conflicto y en las estrategias de los grupos armados.
Cauca lidera la lista de departamentos más afectados, con 1.250 personas desplazadas de sus hogares en los municipios de Argelia, Buenos Aires y Suárez. Le sigue Norte de Santander, con 862 desplazados en El Tarra y Tibú, en la región del Catatumbo, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue generando temor e inestabilidad. Magdalena (627 personas en Ciénaga), Antioquia (489 en Briceño, El Bagre y Yondó) y Valle del Cauca (204 en Bolívar) también registran cifras preocupantes. La situación en Vichada, con 22 personas desplazadas en La Primavera, aunque menos numerosa, subraya la extensión geográfica del problema.
En cuanto al confinamiento, la Defensoría registró siete eventos que afectaron a 17.651 personas en enero de 2026, una cifra ligeramente superior a las 17.363 personas confinadas en el mismo mes de 2025. Los departamentos más afectados por el confinamiento son Caquetá (5.000 personas), Cauca (3.500), Antioquia (3.163), Norte de Santander (3.000), Putumayo (2.700) y Chocó (288). El confinamiento, que implica la restricción de la movilidad de las comunidades y el acceso a servicios básicos, aumenta significativamente los riesgos de violaciones a los derechos humanos y agrava la vulnerabilidad de la población civil.
El informe de la Defensoría también aborda la situación migratoria en Colombia. Durante enero de 2026, se registraron 10.277 personas migrantes irregulares transitando por el país, en su mayoría venezolanos. Esta cifra representa una disminución del 35% en comparación con las 15.910 personas registradas en enero de 2025, lo que podría indicar un cambio en las rutas migratorias o en las condiciones que impulsan la migración desde Venezuela. Además, se reportó el ingreso de 968 personas migrantes en flujo inverso, de diversas nacionalidades, a través de la frontera con Panamá, en el municipio de Acandí, Chocó.
Ante este complejo panorama, la Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno nacional a priorizar la atención de la emergencia humanitaria, asignando recursos financieros y logísticos sostenibles. La entidad también ha solicitado la implementación de medidas efectivas de prevención y protección, con un enfoque diferencial que priorice las necesidades de niñas, niños, mujeres, personas mayores y comunidades étnicas.
Asimismo, la Defensoría ha pedido a los entes territoriales que fortalezcan sus acciones de prevención y respuesta en las zonas más afectadas por el desplazamiento y el confinamiento, garantizando una presencia efectiva del Estado y un enfoque territorial en la atención a las víctimas. La entidad ha enfatizado la importancia de atender las recomendaciones de las Alertas Tempranas, de las cuales ya se han emitido cinco este año para los departamentos de Risaralda, Sucre, Bolívar, Caquetá y Nariño. Estas alertas buscan advertir sobre posibles riesgos y prevenir la ocurrencia de nuevos eventos de desplazamiento y confinamiento.
La situación en Aracataca, Magdalena, donde combates entre el Clan del Golfo y el Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han dejado cuerpos sin levantar y comunidades confinadas, es un ejemplo de la persistente violencia que azota a varias regiones del país. La Defensoría ha expresado su preocupación por la escalada de la violencia en esta zona y ha solicitado una investigación exhaustiva de los hechos.
El conflicto armado en Colombia sigue siendo una fuente de sufrimiento y desplazamiento para miles de personas. La implementación efectiva de la política de paz total, la garantía de la seguridad de las comunidades y la atención integral a las víctimas son elementos clave para superar esta crisis humanitaria y construir un futuro de paz y reconciliación en el país. La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación y denunciando las violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de proteger a la población civil y promover el respeto por la dignidad humana.
