Una desgarradora historia de acoso escolar, negligencia institucional y una búsqueda incansable de justicia ha conmocionado a la comunidad del Maule. La muerte de V., una estudiante del Instituto Regional del Maule, establecimiento particular-subvencionado ubicado en la comuna de San Javier, ha derivado en una compleja batalla legal que ahora apunta no solo al colegio, sino también a la Superintendencia de Educación.
El detonante de la visibilidad de este caso fue el hallazgo de dos cartas de despedida en la mochila de la joven, encontradas por su madre, Carola. Las misivas, escritas sin sobres y en hojas arrugadas, contenían un mensaje devastador dirigido a un compañero, identificado como J.V., a quien V. señalaba como su agresor durante años. En uno de los fragmentos más dolorosos, la estudiante escribió: “Gracias por burlarte de mí, mi físico y personalidad. Por tu culpa me odio a mí misma. Por tu culpa finjo ser alguien que no soy. Por tu culpa soy una mierda inservible y con cero autoestima. Ojalá nunca te hubiera conocido”.
Dos semanas después de la tragedia, Carola decidió publicar estas cartas en redes sociales con la intención de generar una reflexión colectiva sobre el impacto del bullying. La publicación se viralizó rápidamente, llegando a los oídos de la dirección del instituto. Sin embargo, lejos de ofrecer respuestas, la familia denuncia que el colegio reaccionó contactando a la madre para pedirle explicaciones y, posteriormente, manteniendo reuniones privadas con los estudiantes del curso de V. para prohibirles emitir declaraciones o comunicarse con la madre de la víctima.
Josefina Letelier, abogada de la familia y directora de Heloicas, señaló a Bío Bío Investiga que el establecimiento nunca quiso activar los protocolos correspondientes mientras V. asistía a clases. Según los padres, el acoso habría comenzado en la enseñanza básica, coincidiendo con el momento en que la menor empezó a compartir el transporte escolar con el agresor mencionado en las cartas.
La negligencia denunciada no se limita al acoso sistemático. Dos años antes del desenlace fatal, V. había confesado a una amiga que había pensado en quitarse la vida. Al enterarse, Carola acudió al director del instituto para solicitar formalmente la activación del protocolo de ideación suicida, buscando apoyo psicológico y medidas de resguardo para su hija. No obstante, la familia afirma que estas sesiones de apoyo especializado nunca se concretaron, obligándolos a recurrir a ayuda psicológica particular.
Ante la inacción del colegio, la familia recurrió a la Superintendencia de Educación. No obstante, este organismo se ha convertido ahora en el demandado en una acción civil interpuesta en el Juzgado Civil de Santiago. La familia acusa a la repartición pública de haber realizado una “fiscalización irregular y una tramitación arbitraria”, solicitando una indemnización de perjuicios total de $200 millones ($100 millones para la madre y $100 millones para el padre).
La demanda detalla un proceso administrativo que califican de “negligente”. Según el documento, la Superintendencia intentó cerrar el caso en dos ocasiones iniciales mediante fiscalizaciones que la familia describe como "exprés". En la primera oportunidad, el cierre fue comunicado vía correo electrónico en menos de una plana, argumentando que las faltas detectadas ya habían sido subsanadas. En la segunda instancia, tras una apelación de la familia en enero, el organismo volvió a cerrar el caso mediante un correo automático en marzo, sin justificar la decisión.
Fue recién en una tercera fiscalización, iniciada el 10 de abril, cuando la Superintendencia finalmente abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra el Instituto Regional del Maule. Esta contradicción es el eje de la demanda: la familia cuestiona por qué, analizando los mismos hechos y pruebas, las primeras dos fiscalizaciones concluyeron que todo estaba en orden, mientras que la tercera determinó la existencia de infracciones graves.
La demanda también pone el foco en el desempeño de la funcionaria a cargo, quien habría gestionado todo el proceso de manera discrecional. Se denuncia que sus visitas al colegio duraban poco más de una hora, lo que implicaría interrogatorios de menos de 15 minutos por persona y una revisión superficial de más de 120 páginas del Reglamento Interno. Además, se acusa que a la familia se le negó el acceso al expediente en la última etapa del proceso.
Finalmente, Carola advirtió que el caso de su hija no es un hecho aislado, señalando que la institución prioriza los puntajes académicos y la competitividad sobre la integridad física y psicológica de sus alumnos. Hasta el cierre de esta edición, tanto el Instituto Regional del Maule como la Superintendencia de Educación declinaron entregar declaraciones oficiales sobre los hechos.
