La organización del Carnaval de Oruro para la gestión 2027 se encuentra en una etapa crítica de definiciones. La Alcaldía Municipal, la Asociación de Conjuntos del Folklore (ACFO) y el Comité de Etnografía y Folklore han sido instados a presentar propuestas formales, alineadas con sus respectivas competencias, para garantizar el desarrollo de esta festividad. El proceso actual se desarrolla en un contexto de tensiones normativas y administrativas que han obligado a las instituciones a buscar vías de conciliación.
Recientemente, las tres entidades sostuvieron una reunión a puerta cerrada con el objetivo primordial de destrabar la organización del evento. De acuerdo con los reportes, el encuentro se llevó a cabo en un clima que fue calificado como de "aparente cordialidad", marcando un contraste con los choques y enfrentamientos que han caracterizado las interacciones previas entre estos estamentos. Como resultado de esta sesión, se ha pactado un cuarto intermedio que se extenderá hasta el próximo miércoles, fecha en la que se retomarán las deliberaciones.
A pesar de la atmósfera cordial mencionada, el camino hacia un acuerdo pleno sigue obstaculizado por profundas discrepancias. El punto central del conflicto es el modelo de gestión del Carnaval de Oruro y, más específicamente, la implementación del Decreto Municipal 453. Esta norma, que funge como el reglamento operativo de la festividad, ha generado un fuerte rechazo en sectores folclóricos, quienes cuestionan la legitimidad y el impacto de sus disposiciones.
Wilfredo Ortuño, secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), informó que las instituciones ahora se concentran en la elaboración y preparación de las propuestas que serán presentadas en el siguiente encuentro. No obstante, Ortuño reconoció que las diferencias respecto al decreto municipal siguen abiertas, lo que indica que la resolución del conflicto normativo será el eje central de las próximas reuniones.
Desde la perspectiva de la ACFO, el trasfondo de la disputa radica en lo que consideran una aplicación unilateral de la normativa edil. El primer vicepresidente de la asociación, David Alborta, ha formalizado ante el alcalde municipal los reparos de su institución hacia el Decreto 453. Según Alborta, esta normativa cercena las competencias tradicionales de los conjuntos folclóricos, afectando la autonomía y el manejo acostumbrado de la festividad.
Uno de los aspectos más polémicos y que genera mayor fricción es la regulación sobre la comercialización de metros lineales. Esta medida, establecida en el marco del decreto, ha sido recibida con un rechazo contundente por parte de la ACFO, ya que altera la dinámica económica y organizativa tradicional de los grupos participantes.
Paralelamente a la disputa normativa, las tres entidades, que forman el esquema establecido por la Ley 602, aprovecharon el encuentro para realizar un balance técnico sobre el reciente Primer Convite. Durante este análisis, se identificaron diversas deficiencias operativas, haciendo especial énfasis en la falta de espacios adecuados entre los conjuntos, entre otros puntos críticos que afectaron la fluidez del desfile. Sin embargo, la definición de acuerdos concretos para corregir estos errores ha sido postergada, quedando sujeta a la presentación de los planes de acción que cada estamento debe elaborar según sus atribuciones.
El futuro inmediato de la organización depende de la sesión programada para el próximo miércoles a las 16:00 horas. Los representantes folclóricos mantienen la esperanza de negociar modificaciones sustanciales al decreto municipal, a pesar de que la norma ya se encuentra legalmente en vigor.
Por su parte, las autoridades municipales han optado por mantener las deliberaciones bajo un régimen de estricta reserva. El GAMO ha manifestado su intención de no brindar detalles adicionales hasta que se pueda ofrecer una conferencia conjunta con las otras instituciones. En última instancia, la efectividad de este diálogo determinará si las instituciones son capaces de superar sus pugnas internas para evitar que los conflictos administrativos afecten el desarrollo de la Obra Maestra.
